México enfrenta una grave crisis ambiental causada por la tala clandestina, la cual ha alcanzado alarmantes en los últimos años. Según un informe elaborado por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) titulado “Estimación de las pérdidas económicas por la tala ilegal en México, 2022”, esta práctica ilegal devora anualmente una extensión equivalente a 24 veces el emblemático Bosque de Chapultepec , seis veces y media la del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) o un alarmante 4.1 por ciento de la superficie total de Tlaxcala.
El informe indica que se estima una deforestación anual de aproximadamente 16 mil 640 hectáreas en el territorio nacional debido a la tala ilegal, según un promedio establecido entre los años 2015 y 2020, cuyo total alcanza las 208 mil hectáreas.
Tala ilegal y los impactos en la economía
El impacto económico de esta actividad ilegal es igualmente preocupante. Diferentes estimaciones basadas en el volumen de madera en el mercado nacional para consumo indican que entre el 30% y el 70% de dicha madera proviene de la tala clandestina. Esto implica que los ingresos generados por esta actividad ilegal podrían oscilar entre los 41 mil 622 millones de pesos y los 97 mil 118 millones de pesos anuales, lo que representa entre cuatro y nueve veces más que la producción legal de madera en el país.
El impacto en el empleo también es significativo. Si las 16 mil 640 hectáreas deforestadas anualmente se destinarán a actividades forestales, se podrían generar hasta 49 mil 920 empleos verdes, es decir, empleos formales y sustentables.
Tala ilegal alcanza niveles alarmantes en la CDMX
La tala ilegal en la Ciudad de México ha alcanzado niveles alarmantes en los últimos años, según datos proporcionados por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa). Desde el año 2006 hasta el 24 de julio de 2023, se han presentado un total de 123 denuncias por tala ilegal en la capital del país.
Lo que resulta aún más preocupante es la tendencia ascendente de este delito en los últimos siete años. Mientras que en el año 2016 solamente se reportó una denuncia por tala ilegal, en lo que va del 2023 ya se han registrado alarmantes 62 denuncias, indicando un aumento drástico y sin precedentes en esta actividad ilegal.
Las alcaldías que han sido señaladas con mayor frecuencia en estas denuncias son Tlalpan, Álvaro Obregón, Milpa Alta, Cuajimalpa y Gustavo A. Madero, lo que sugiere que la tala ilegal está teniendo un impacto significativo en diversas zonas de la ciudad.
Para hacer frente a esta problemática, las autoridades han tomado medidas en los últimos años. Desde el año 2019, cuando ya se evidenciaba una tendencia al alza en la tala ilegal, se han desmantelado un total de 73 aserraderos clandestinos en la Ciudad de México. Estos lugares operan como puntos de procesamiento para la madera obtenida de manera ilícita.
Tala clandestina y delincuencia organizada
El informe también destaca las múltiples consecuencias sociales de la tala ilegal, incluido el avance de la delincuencia organizada en las regiones forestales del país. Hasta el 2021, se identificaron 122 zonas críticas afectadas por diversos delitos en 20 estados.
Ante este panorama, se están llevando a cabo operativos conjuntos entre fuerzas federales y locales en aserraderos clandestinos y contra grupos dedicados a la tala ilegal, como en los límites entre la Ciudad de México y Morelos.
A pesar de los esfuerzos, el presupuesto asignado al programa de “Inspección y Vigilancia del Medio Ambiente y Recursos Naturales” de la Semarnat ha disminuido en un 38% para el año 2023 en comparación con el inicio de la administración actual en 2018.
Aunque se ha mencionado el aumento de la tala ilegal en el ámbito legislativo, no existen datos públicos oficiales que lo respalden. Las cifras disponibles se refieren a carpetas de investigación por delitos ambientales, como tala, incendios forestales y contaminación del suelo y agua.
Cuatro grupos en la tala clandestina
La Fiscalía General del Estado de Morelos ha identificado a cuatro grupos criminales que ejercen control sobre la tala ilegal y la perpetración de otros delitos en la zona de Huitzilac. Estos grupos, conocidos como Los Chuchas, Los Netos, Los Panales y Los Vara Dávila, son responsables de actividades como deforestación no autorizada, despojo de tierras, secuestro exprés, robos a mano armada, extorsión a comerciantes y casos de violación.
El pasado 13 de julio, el titular de la Fiscalía morelense, Uriel Carmona Gándara, informó que se ha iniciado una investigación en contra de miembros de la Policía Municipal de Huitzilac debido a su presunta implicación con estos grupos criminales presentes en la localidad.
En declaraciones previas, el alcalde Rafael Vargas Muñoz dijo que al menos 150 familias en Huitzilac dependen de la tala clandestina como fuente de ingresos. Esta actividad ilícita abarca todo el tramo biológico del corredor Ajusco-Chichinautzin y las áreas circundantes de las Lagunas de Zempoala.
Según informes de los medios locales, estas organizaciones delictivas aprovechan la colaboración de los habitantes locales, así como la implicación de agentes de la policía municipal y taxistas. Estos individuos actúan como informantes y alertan sobre la presencia de forasteros o fuerzas de seguridad estatales o federales.
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Con información de La Razón y El Economista.
