Para el presidente Andrés Manuel López Obrador, no hay o no debería de haber mayor diferencia entre soldados y policías. Lo ha dicho de manera explícita. En una entrevista concedida a La Jornada hace casi un año, afirmó lo siguiente: “Si por mí fuera, yo desaparecería al Ejército y lo convertiría en Guardia Nacional… La situación era increíble: tenemos 230 mil elementos en el Ejército, 65 mil en la Marina y podían estar asaltando frente a un cuartel y no podían meterse”.
No se le ha cumplido del todo su deseo al Presidente, pero se ha avanzado claramente en la dirección de borrar distinciones entre soldados, marinos y policías. El lunes pasado, les comentaba en este espacio sobre una presentación realizada por el gabinete de seguridad en una conferencia mañanera. Esta tenía tres secciones. La primera estaba dedicada a la evolución de las cifras de incidencia delictiva, la segunda al proceso de construcción de la Guardia Nacional (GN) y la tercera a “acciones contra la delincuencia organizada”.
Lo interesante es que buena parte del contenido de esa sección no tiene mucho que ver con la delincuencia organizada. Arranca con un diagrama con el estado de fuerza (total, operativo y efectivamente desplegado) de la Sedena, la Semar y la GN. Y junto, viene un listado donde se distribuyen esos recursos humanos, sin hacer distinción alguna sobre el origen institucional, en una serie de tareas que lo mismo incluyen la atención a la emergencia sanitaria que las funciones de policía, la protección marítima y portuaria, y la erradicación de cultivos ilícitos.
En las páginas subsiguientes, se detallan algunas de estas tareas. La que ocupa más personal son las “operaciones de construcción de la paz”: 79,867 elementos, un número que rebasa el “efectivo desplegado” de la GN (74,029). Esto significa que, de manera cotidiana, el Ejército y la Marina están realizando de manera directa labores de policía en buena parte del país. El decretazo de hace dos semanas es algo más que hipótesis.
La segunda tarea con más personal es el “apoyo a la emergencia sanitaria (Covid-19)”, a la cual se le asignan 27,634 elementos para hacer un poco de todo, desde seguridad perimetral en hospitales hasta fabricación de insumos médicos.
En tercer lugar, está el “apoyo al plan de migración en la frontera norte y sur”, con 10,549 elementos. Y luego vienen varias tareas más vinculadas al combate a la delincuencia organizada (erradicación, huachicol) y se cierra con funciones tradicionales de las Fuerzas Armadas (protección de instalaciones estratégicas, operaciones navales, etc.).
Todo esto en una sola presentación, en una sección dedicada supuestamente al combate a la delincuencia organizada. Esto sugiere algo que ya había dicho el presidente: en su visión, no hay distinción alguna entre seguridad nacional y seguridad pública. No hay motivo para delimitar los ámbitos de actuación de los militares y los civiles. Todos deben de servir para todo, aunque no tengan la capacitación, el equipo o la doctrina adecuados. Hombre armado es hombre armado.
Además de confundir las líneas de responsabilidad y debilitar los ya flacuchos mecanismos de control civil sobre las fuerzas de seguridad, esto tiene un problema obvio: si en la visión del Presidente no hay diferencia entre policías y militares, no sería sorpresa si la población empieza a opinar lo mismo muy pronto.
No estoy muy seguro que las Fuerzas Armadas quieren ver eso en su futuro.
