El recorte ordenado por el gobierno federal para enfrentar a crisis, pone en riesgo la viabilidad de la Comisión de Atención a Víctimas, cuyo objetivo es garantizar, promover y proteger los derechos de las víctimas del delito y de violaciones a derechos humanos.
En un comunicado que publicó la Comisión, menciona que la reducción de 139.4 millones de pesos de su presupuesto, afectaría muchos rubros y dejaría sin trabajo a decenas de personas que colaboran en la institución.
Pone de ejemplo la renta de las diversas oficinas en las que laboran, ya que al no ser del gobierno, deben pagar la renta. El recorte impediría el pago y tendrían que desalojar. De la misma manera, menciona que tampoco habría dinero para pagar agua, luz ni la electricidad.
La Comisión tiene también subcontratados los sistemas de cómputo, así como las impresoras, por lo que se quedarían sin elementos para poder laborar. También estaría en riesgo el sistema que aloja y preserva los datos de 34 mil 215 víctimas inscritas en el Registro Nacional de Víctimas.
Decenas se quedarán sin empleo
El comunicado también denuncia que debido a irregularidades desde su creación, decenas de empleados han sido contratados de manera irregular, al no estar dados de alta, sino operan mediante el sistema de outsorcing. Este recorte provocará que al menos el 60 por ciento del personal de la Comisión sea despedido ante la falta de dinero para pagarles.
La Comisión subrayó que explicó esta situación a la Secretaría de Hacienda, pero fue inútil y se ordenó la reducción.
“Se autorizó sin considerar que esta institución tiene la obligación de garantizar, promover y proteger los derechos humanos de las personas víctimas de violaciones a derechos humanos, así como de delitos como desaparición forzada, ejecución extrajudicial, tortura, detención arbitraria, feminicidio y trata, entre otros”.
