Aunque el presidente diga lo contrario, la corrupción en el país sigue haciendo daño. Y más que ser sancionada, parece ser una regla en las prácticas de las autoridades. Aunque es un “delito grave”, si no hay justicia ni consecuencias, la impunidad seguirá.
En tiempos de la Cuarta Transformación, la corrupción continúa y se resguarda. El nepotismo, el encubrimiento y los contratos directos o a empresas fantasma son el “pan de cada día”, aunque el presidente salga todas las mañanas a asegurar que solo los neoliberales fueron corruptos. Mientras tanto, la lista de actos de corrupción en el gobierno de López Obrador crece y crece. Aquí se enumeran algunos de los muchos casos que han marcado a la actual administración.
Yasmín Esquivel, ministra de la Suprema Corte nombrada por el presidente Andrés Manuel López Obrador frenó la sentencia que ordenaba a la Fiscalía General de la República (FGR) proporcionar información de la carpeta de investigación sobre los actos ilegales de Pío López Obrador, quien fue grabado mientras recibía dinero en efectivo para financiar campañas de Morena.
Entre muchos otros casos de nepotismo, uno de los últimos que se han dado a conocer a través de la organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) es el de la hija del secretario particular de López Obrador, Carmelina Esquer, quien dirige la filial de Pemex en Houston sin tener experiencia alguna en el sector y además obtiene por ello un ingreso mayor al del presidente, con lo que se viola la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos.
Asimismo, cabe recordar que la Guardia Nacional reservará por cinco años toda la información sobre los viajes que ha hecho la aeronave del gobierno XC-PFM que se usó para que el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, Mario Delgado y Armando Guadiana asistieran a eventos de campaña morenistas.
La opacidad de los contratos en tiempos de la 4T es uno de los rubros más cuestionados y más frecuentes en este gobierno. Destaca la contratación millonaria y por adjudicación directa de la Presidencia de la República a la red de empresas “fantasma” que organiza sus eventos, tales como el “AMLOfest” del año pasado. La información sobre estos contratos se ha clasificado como de “seguridad nacional” y no existe ningún mecanismo de transparencia que permita verificar quiénes son los dueños de estas empresas, sus empleados, dirección, etcétera.
El Ejército también pagó a empresas fantasma al menos 156 millones de dólares de 2013 a 2019 y se autorizaron facturas falsas para operaciones inexistentes sin sanción alguna hasta el momento. Ahora están a cargo de la construcción del AIFA y han asignado casi todos los contratos de la obra sin licitar, aunque se ha denunciado que entre las empresas ganadoras, varias no cuentan con experiencia para ello. No hay información pública ni transparencia sobre los gastos y el destino exacto de esos recursos. También Fonatur ha incumplido con disposiciones legales para la construcción del Tren Maya, al realizar pagos injustificados, pues necesita aclarar cuál ha sido el destino de más de 135 millones de pesos que no se han aclarado.
Y la joya de la corona: Segalmex, una de las instancias del gobierno creadas por López Obrador y de las más cuestionadas por los altos niveles de corrupción, en la cual la Auditoría Superior de la Federación ha detectado irregularidades por más de 10 mil millones de pesos. Aquí también se asignan contratos sin licitación a empresas fantasmas y priva la impunidad, pues los funcionarios y empresarios involucrados en los actos de corrupción siguen sin recibir una sanción por ello.
Con información del Diario de Yucatán
Imagen tomada de: Puntoporpunto.com
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