Iglesia católica descarta abuso sexual como delito en su protocolo

De acuerdo al protocolo elaborado por la propia Iglesia, el abuso sexual no constituye un delito y solo mantienen sanciones disciplinarias.

Iglesia debe ajustarse a las leyes mexicanas

Tras la publicación del protocolo para atender casos de abuso sexual de la Arquidiócesis Primada de México (APM), Alberto Athié, exsacerdote y activista de derechos humanos, señaló que la Iglesia sigue sin reconocer el abuso como un delito.

Además de que insiste en mantener bajo confidencialidad los casos que se reportar al interior de la institución. En este sentido, recordó que el Comité de los Derechos del niño de la ONU había solicitado a la Iglesia apegarse a las leyes de cada país en la materia. Por lo tanto, no pueden valerse de un mecanismo interno, dijo.

“Este protocolo es una expresión del modelo interno de la Iglesia, en donde ni siquiera lo reconocen un delito, habla de ¿un pecado? ¿un problema disciplinar? Este protocolo de alguna manera refiere a que cada obispo, obispado o titular de las diócesis sea el responsable de los casos y es una especie de refrito de ese crimen sollicitationis de los años 60”.

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¿Qué es el crimen sollicitationis?

Se trata de un mandato aprobado en 1962 que establecía los procedimientos para afrontar y castigar los casos en que los sacerdotes se valían de la penitencia para tener encuentros sexuales con los fieles o contra comportamientos homosexuales, pedófilos, zoófilos, entre otros.

El protocolo dictaba que, una vez realizada la denuncia, la víctima o denunciante debía guardar la confidencialidad bajo pena de excomunión. Dado que se consideraba un problema disciplinario, la mayor pena era que dejaran el sacerdocio, apunta Athié.

“Eso supone que las autoridades deben de actuar y en México no actúan; así es que es ese es el problema también”.

Arquidiócesis vende Protocolo en $100 pesos

En junio de 2022 la APM publicó el documento “Protocolo de intervención por caso de abuso sexual de niño, niña, adolescente o personas vulnerables”, una herramienta del Departamento para la Protección de Menores que usa la institución para, supuestamente, investigar los casos al interior de la Iglesia.

El librillo tiene un costo de $100 pesos. Zaida Rosales Ortega, directora del Departamento, indicó que lo recaudado será destinado a capacitaciones y materiales. Sin embargo, al ser cuestionada sobre el número de casos atendidos a raíz de la implementación del protocolo, se negó a compartir información.

Además, aunque se enfatiza que fue elaborado por iniciativa de la propia APM, no es un documento que se deba aplicar a todas las diócesis del país ni en todas las entidades.

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Con información de Milenio.