El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) se encuentra bajo la lupa tras la revelación de la adquisición y distribución de medicamentos sin registro sanitario.
De acuerdo con el diario El Economista, antes de la actual administración, ningún medicamento podía ingresar al país sin el aval de la Cofepris. Este registro, establecido por ley y respaldado por la Ley General de Salud, garantiza que los productos sean seguros, efectivos y de alta calidad, protegiendo así la salud y seguridad de los pacientes. Sin embargo, la rigurosidad en la obtención de estos registros parece haber disminuido durante la 4T, poniendo en riesgo la trazabilidad y la calidad de los fármacos desde su fabricación hasta su uso por parte del paciente.
Medicamento antidiabético, sin registro sanitario
El caso que ha desencadenado esta preocupación es el del medicamento antidiabético dapagliflozina, conocido como Dapoza. Este fármaco de origen indio ha sido adquirido por el IMSS para su distribución en tres estados. Dichas entidades son Ciudad de México, Querétaro y Sonora. Sin embargo, Dapoza carece del registro sanitario necesario y ha sido objeto de una alerta sanitaria previa por parte de Cofepris.
La investigación realizada por Verónica Teigeiro ha sacado a la luz una serie de irregularidades en la adquisición y distribución de este medicamento por parte del Gobierno. Se ha demostrado que la empresa proveedora, Proveglia SA de CV, ha comercializado Dapoza sin el debido registro, utilizando incluso un número de registro perteneciente a otro laboratorio para dar la apariencia de legalidad. Además, se ha descubierto que el distribuidor, Grupo Farmacéutico Internacional Gamalop, posee una dirección falsa en Miahuatlán, Puebla, y ha sido incluido en la lista de distribuidores irregulares por parte de Cofepris.
Además, la investigación revela que Proveglia SA de CV ha obtenido numerosos contratos del IMSS. Todos por adjudicación directa, por un total de 218 millones de pesos.
¿Quién es el culpable?
Vero Triguero señaló que es fácil culpar únicamente al IMSS o a la empresa proveedora, Gamalop. Sin embargo, Teigero enfatiza que la cadena de eventos revela múltiples fallas en el proceso destinado a garantizar la seguridad y la legalidad de la venta de medicamentos. Se destaca que las miles de cajas de medicamentos deberían haber sido retenidas en aduanas, pero esto no ocurrió. Además, surge la pregunta crucial sobre cómo Proveglia, la empresa en cuestión, obtuvo medicamentos no regulados de Gamalop.
También, cuestionó el proceso de aprobación dentro del IMSS para la compra y distribución de medicamentos. Teigero detalló que en este proceso se autoriza la adquisición de un medicamento del cual no se conoce su contenido. Esto plantea serias dudas sobre la transparencia y la responsabilidad en las decisiones de compra que afectan directamente a los derechohabientes del IMSS.
La usuaria adviertió que si no fuera por una corrupción sistémica arraigada, estas irregularidades no podrían haber pasado desapercibidas durante tanto tiempo.
Cofepris se contradice
La respuesta de Cofepris ante estas revelaciones ha sido ambigua y contradictoria. Aunque inicialmente había advertido sobre la falta de registro de Dapoza, recientemente emitió una nota permitiendo su distribución por parte del IMSS, generando confusión y preocupación entre la población.
La usuaria también ha proporcionado una carpeta en línea con todos los documentos relevantes y enlaces a plataformas gubernamentales para respaldar sus afirmaciones, invitando a los ciudadanos a examinar la evidencia por sí mismos.
Ante esta situación, surge una pregunta crucial: ¿quién asume la responsabilidad en caso de efectos adversos causados por estos medicamentos no regulados?
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Con información de Twitter.
