De estos, más de la mitad no se sabe en qué fueron utilizados porque no existen comprobantes que justifiquen esos recursos.
Alcanzaría para subsidiar el Insabi
La Auditoría Superior de la Federación (ASF) reportó un ejercicio irregular de 100 mil millones de pesos durante el primer año del sexenio de Andrés Manuel López Obrador.
De estos, 44 mil 422 millones de pesos con catalogados como probables daños al erario públicos y tendrán que ser devueltos. Los restantes 55 mil millones no cuentan con comprobación sustentada en facturas o recibos, por lo que se desconoce su destino; por lo tanto, necesitan ser aclarados.
La suma representa el presupuesto total para el Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), así como el de todas las instituciones anticorrupción. Del total de irregularidades, el 56% (56 mil 64 millones de pesos) corresponde a dinero transferido a los gobiernos locales y el 46% (44 mil 849 millones) al Gobierno Federal.
Esta cantidad es la más alta de los últimos 20 años. Así lo revela un análisis de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI).
A la fecha, el gobierno no ha justificado de ninguna forma el recurso en cuestión para aclarar o devolver el 98.1% del monto observado.
Morena, quien peor manejó los recursos
Respecto a las irregularidades en el gasto de los gobiernos locales, aquellas entidades donde administra Morena (7 estados) acumula el 43% de los señalamientos de la ASF, por 24 mil 519 millones de pesos.
Por otra parte, los gobiernos del PRI, con 12 entidades, tienen 17% de los señalamientos de la ASF. El resto de irregularidades fueron encontradas en el gasto para desarrollo económico del gobierno federal, que fue de 37 mil millones de pesos; el gasto para desarrollo social, 7 mil millones de pesos; y el gasto de gobierno, sumó 519 millones más.
La cifra, no representa en términos absolutos un récord ya que, por ejemplo, son menores a las del sexenio de Enrique Peña Nieto. No obstante, sí constituyen un récord histórico en cuanto a impunidad, ya que el 98.1% de esos recursos siguen sin ser explicados, justificados o regresados a la Tesorería. El porcentaje más alto ha sido de 84.2% en 2018.
Así opera la ASF
La ASF tiene por encargo que, si durante el proceso de vigilancia del gasto público detecta posibles irregularidades, inicia un proceso de diálogo con los funcionarios de las instituciones auditadas para determinar si se trata de un error y este puede aclararse o si, por el contrario, los recursos efectivamente se utilizaron violando alguna norma.
En los casos en los que no solo se violó la ley, pero existen suficientes irregularidades como para suponer que el dinero fue usado para otros fines, la Auditoría establece que existe un probable daño a la Hacienda Pública y emite un “Pliego de Observaciones”, por lo que ese dinero debe ser recuperado y devuelto por las autoridades que están siendo auditadas y se deben deslindar responsabilidades.
Una vez concluido la revisión del primer año de gobierno de Andrés Manuel López Obrador, estas cifras se contienen en el Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2019. A raíz de ello, la Auditoría procede a emitir una “Solicitud de Aclaración” que las instituciones auditadas tienen que presentar o, de lo contrario, la observación de uso irregular de recursos se mantendrá.
“En el curso de los siguientes meses veremos si los entes auditados logran aclarar el uso de estos recursos. En el caso de los “Pliegos de Observaciones”, la ASF ordena de inmediato que esos recursos se reintegren a las arcas públicas, pues tiene las evidencias suficientes de que se utilizaron para fines diferentes a los que estaban destinados”.
MCCI
Con información de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad.
