La FGR no presentó apelación a la decisión del juez de no conceder las 31 órdenes de aprehensión que había solicitado contra académicos.
Tendrá que rearmar acusación
La Fiscalía General de la República (FGR) decidió no apelar la decisión del juez federal Gregorio Salazar Hernández de no conceder las 31 órdenes de aprehensión que había solicitado en contra de académicos denunciados por el Conacyt, luego de que este lunes 27 de septiembre venciera el plazo para presentar este mecanismo legal. Por lo tanto, la decisión del juez es definitiva.
No obstante, la Fiscalía mantiene abierta la indagatoria en contra de los científicos y podría proceder de nuevo en cualquier momento, por lo tanto continuará en integración la investigación a cargo de la Fiscalía Especializada en Delincuencia Organizada (FEDO) para, en su momento, volver a pedir órdenes de arresto.
Las críticas hechas por el juez, se enfocaron en observar problemas tanto de fondo como de forma en el resumen de la acusación presentada por los fiscales. En consecuencia, la Fiscalía optó por revisar el expediente y continuar perfeccionándolo. Expertos afirman que no hay plazo límite para que el Ministerio Público resuelva si cierra o no el caso, pues es su facultad constitucional ejercer la acción penal cuando así lo considere.
Modificarán la lista de delitos
FGR había solicitó al juez federal orden de aprehensión contra 31 académicos por cuatro delitos: delincuencia organizada, lavado de dinero, uso ilícito de atribuciones y peculado. Además, intentó que una vez aprehendidos fueran recluidos en el penal de alta seguridad del Altiplano, en Almoloya de Juárez, Estado de México.
No obstante, en la carpeta los jueces encontraron diversas fallas, desde la falta de argumentos para recluir a los académicos en un penal de ese nivel, hasta la inexistencia de delitos que perseguir en el caso. Ante ello, la Fiscalía planea cambios importantes con miras a proceder de nuevo en contra de los supuestos implicados.
Así lo informó Alfredo Higuera Bernal, fiscal especializado en Delincuencia Organizada, quien dijo que efectivamente se pretende solicitar de nuevo las órdenes de captura pero será por delitos distintos a los requeridos inicialmente así como evaluar si se solicita en contra de una lista más reducida de académicos.
“Se está revalorando todo lo que hay en el expediente, y teniendo en cuenta las estipulaciones que hizo el juez en su decisión, y más bien, lo que resulte como producto de este análisis, y lo que determine hacia dónde se va a dirigir la acción institucional”.
Aunque no ha habido precisión sobre los delitos, la FGR difundió que se trataba de un caso de “delitos patrimoniales”, los cuales se definen como aquellos que afectan el patrimonio. Entre ellos figura, por ejemplo, los robos, los fraudes, diversas estafas, entre otros. Las indagatorias del caso continúan a cargo de la Especializada en Delincuencia Organizada, que antes se conocía como la SEIDO.
Caso contra Álvarez-Buylla
Respecto a la carpeta de investigación contra María Elena Álvarez-Buylla, titular del Conacyt, por una denuncia de desacato presentada por el juez federal Gabriel Regis López, autoridades federales indicaron que el caso continúa en integración, sin que se haya tomado una determinación.
El año pasado, el juez Regis López había concedido una suspensión en favor del denominado Foro Consultivo Científico y Tecnológico A.C., como parte de un juicio de amparo, que obligaba al Conacyt a continuar dotándole de recursos. Sin embargo, la administración de Álvarez-Buylla no atendió dicha petición.
El Ministerio Público aún continúa recabando elementos para determinar si existe o no un delito que perseguir.
Con información de Animal Político.
