MCCI destapa contratos ineficaces y cuestionables del Gobierno Federal
Durante el primer semestre del año 2023, el gobierno federal ha llevado a cabo la entrega de un alarmante número de contratos en el sector de la salud, alcanzando la cifra de 61,714 acuerdos con un monto total que supera los 355 mil millones de pesos. Sin embargo, una exhaustiva revisión realizada por Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) ha arrojado resultados preocupantes, revelando serios problemas de transparencia e irregularidades en las compras públicas efectuadas por la Administración Pública Federal.
La investigación liderada por Renata Gómez, reconocida investigadora de MCCI, pone de manifiesto diversas deficiencias en el proceso de contratación durante la presente administración. Desde la caída de la plataforma CompraNet en 2022, las fallas han persistido, perpetuando la falta de transparencia y la existencia de información incompleta. Se han identificado millones de pesos mal clasificados y vacíos de información, lo que plantea serias interrogantes sobre la adecuada gestión y el uso eficiente de los recursos públicos.
Entre los hallazgos más inquietantes, destaca la preocupante tendencia de que 7 de cada 10 contratos se hayan entregado mediante adjudicación directa, lo que deja en evidencia la falta de competencia y la poca apertura a procesos de licitación pública, a pesar de que la ley establece que estos últimos deberían ser la regla principal para contratar.
Una situación especialmente preocupante es el hallazgo de 145 empresas que nunca han ganado una licitación y, sin embargo, han obtenido todos sus contratos a través de adjudicación directa. Este patrón levanta sospechas sobre la equidad y transparencia en los procesos de selección y podría apuntar a posibles favoritismos en la asignación de contratos.
Uno de los casos más controvertidos es el de la empresa World Diagnostic S.A. de C.V., que recibió más de 100 millones de pesos en contratos durante el mismo año en que fue creada. Esta situación genera incertidumbre acerca de la capacidad y experiencia de la empresa para proveer servicios públicos de calidad y podría implicar riesgos en la entrega de bienes y servicios de salud.
El panorama general de las contrataciones públicas durante este período es igualmente preocupante. Con un promedio de 1,985 millones de pesos gastados diariamente en contrataciones, la opacidad y la falta de información documentada sobre 362 contratos, equivalentes a más de 2 mil millones de pesos, abre la puerta a posibles desviaciones y uso discrecional de los recursos públicos.
La clasificación equivocada de los tipos de procedimientos de contratación en la plataforma CompraNet, sumada a la tendencia a contratar por adjudicación directa, incluso a empresas sin experiencia en procesos competitivos, representa un serio desafío a la transparencia y a la promoción de una verdadera competencia en el mercado.
Sector salud al margen de la ley: Incumplimientos y negligencia en compras públicas
El sector salud en México ha vuelto a estar en el centro de atención por incumplimientos y prácticas que violan la ley en las compras públicas. Una investigación llevada a cabo por la Secretaría de la Función Pública ha revelado que algunas empresas proveedoras, a pesar de haber sido inhabilitadas o sancionadas por faltas previas, han recibido contratos por adjudicación directa para suministrar bienes y servicios a distintas instituciones del sector salud en el primer semestre de 2023.
Uno de los casos más preocupantes es el de la empresa Logística Médica de Occidente S.A. de C.V., que fue inhabilitada en diciembre de 2022 por proporcionar información falsa. A pesar de esta sanción, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) le otorgó tres contratos por adjudicación directa para proveer medicamentos destinados al tratamiento de la enfermedad de Parkinson. Esta situación plantea serias interrogantes sobre la idoneidad y la rigurosidad en la selección de proveedores, ya que empresas con antecedentes de incumplimientos pueden representar un riesgo en la entrega de los bienes y servicios contratados.
Asimismo, se ha identificado otro caso similar relacionado con el servicio de ambulancias en el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE). La empresa Casanova Vallejo S.A. de C.V. fue sancionada con inhabilitación hasta 2026 por incumplir un contrato de servicio de ambulancias. Sin embargo, durante el primer semestre de 2023, esta empresa ha obtenido 46 contratos con la Administración Pública Federal, por un total de 107.9 millones de pesos, de los cuales 11 fueron celebrados con el sector salud, incluyendo al Instituto Nacional de Cancerología, el Instituto Mexicano del Seguro Social y el Instituto Nacional de Perinatología Isidro Espinosa de los Reyes. La mayoría de estos contratos fueron por adjudicación directa, lo que vuelve a resaltar la falta de transparencia y la poca apertura a la competencia en los procesos de contratación.
Estos incumplimientos y faltas en las contrataciones públicas no solo representan un compromiso económico para la ciudadanía, sino que también implican riesgos directos para la vida y salud de las personas. La negligencia en la selección de proveedores puede tener consecuencias catastróficas, como se evidenció recientemente en el caso del IMSS en Playa del Carmen, donde el incumplimiento de una empresa proveedora provocó la muerte de una niña.
La investigación muestra la necesidad urgente de contar con mecanismos más rigurosos de seguimiento y monitoreo del gasto en compras públicas, especialmente en el sector salud. Es fundamental que las instituciones gubernamentales apliquen criterios más estrictos para seleccionar a los proveedores y eviten la contratación de empresas con antecedentes de incumplimiento o inhabilitación. La transparencia y la rendición de cuentas son elementos clave para asegurar un uso responsable y eficiente del dinero público y, sobre todo, para garantizar que los bienes y servicios adquiridos beneficien verdaderamente a la ciudadanía y no pongan en riesgo su vida y salud.
Es responsabilidad de las autoridades competentes tomar acciones inmediatas para corregir las deficiencias identificadas y fortalecer los mecanismos de control en las compras públicas. La ciudadanía también tiene un papel fundamental en exigir transparencia y rendición de cuentas en el manejo de los recursos públicos destinados al sector salud y otros servicios esenciales para el bienestar de todos los mexicanos. Solo a través de una fiscalización activa y responsable se podrá prevenir y erradicar prácticas ilegales y negligentes, y asegurar que los recursos públicos sean utilizados de manera adecuada y en beneficio de la sociedad.
