México enfrenta desafíos en la lucha contra la corrupción, según el Índice CCC
La quinta edición del Índice de Capacidad para Combatir la Corrupción (CCC), publicado por Americas Society/Council of the Americas (AS/COA) y Control Risks, revela que México continúa enfrentando obstáculos en su lucha contra la corrupción. El país ha experimentado una tendencia a la alza en niveles de corrupción por cuarto año consecutivo, con un descenso del 4% en la puntuación. A pesar de esto, México se mantiene en el duodécimo lugar en el ranking.
Una de las categorías donde México experimentó un descenso más pronunciado en su puntuación a favor es el tema de la sociedad civil y medios de comunicación. Los periodistas mexicanos continúan enfrentando condiciones adversas, incluida la tasa de violencia contra periodistas más alta del mundo fuera de Ucrania.
El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) ha criticado duramente a periodistas y miembros de la sociedad civil, y han surgido nuevas acusaciones sobre el uso del software espía Pegasus en contra de periodistas, activistas y el subsecretario de Derechos Humanos de México. Aunque el gobierno niega haber actuado indebidamente, estas acusaciones generan preocupación sobre la libertad de prensa y el respeto a los derechos humanos en el país.
Las recientes protestas en México se han enfocado en la controvertida reforma propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador para recortar recursos al Instituto Nacional Electoral (INE), lo que ha desviado la atención de la corrupción en los últimos años.
Aunque México se encuentra por debajo del promedio regional en la categoría de capacidad legal y ha experimentado un retroceso interanual del 14% en la variable que evalúa a los organismos anticorrupción, AMLO ha continuado criticando a organismos independientes como el INE y el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).
El INAI carece del quórum necesario para operar desde abril de 2023, cuando el jefe del Ejecutivo vetó a los comisionados que había nombrado el Senado. A pesar de algunas órdenes judiciales que han permitido sesiones extraordinarias, la falta de quórum limita su funcionamiento.
Además, en abril, el Senado aprobó un proyecto de ley que otorga a la Secretaría de la Función Pública (SFP) la supervisión de las adquisiciones y el gasto público, lo que puede afectar la rendición de cuentas en las compras públicas. Estas deficiencias institucionales en la lucha contra la corrupción obstaculizan la resolución de casos y generan preocupación sobre la transparencia en el país.
El Índice CCC no se basa en los niveles percibidos de corrupción, sino en la eficacia con la que los países combaten la corrupción. Evalúa 14 variables clave, incluyendo la independencia de las instituciones judiciales, la fuerza del periodismo de investigación y los recursos disponibles para combatir la delincuencia de cuello blanco. En la edición de 2023, Uruguay obtuvo la puntuación más alta (6.99 sobre 10), seguido por Costa Rica, Chile, Perú, y República Dominicana. En el otro extremo de la escala se encuentran Guatemala, Bolivia y Venezuela.
El objetivo del Índice CCC es fomentar el debate basado en políticas públicas y ayudar a los gobiernos, la sociedad civil y el sector privado a identificar áreas de éxito y deficiencias que deben abordarse. A pesar de que México enfrenta desafíos en la lucha contra la corrupción, se espera que la corrupción siga siendo una de las principales preocupaciones de los votantes en las elecciones presidenciales, legislativas y de gobernadores de junio de 2024.
