Descomposición institucional: la debilidad del Estado Mexicano frente al embate de la delincuencia
Las elecciones en México han transitado un camino peligroso desde 2018, y la descomposición institucional junto con la fractura del contrato social han llevado al país a nuevos niveles de incertidumbre. Según la columna “Estrictamente Personal” de Raymundo Riva Palacio en El Financiero, el gran peligro para México en las elecciones de 2024 es el crimen organizado, un cáncer que ha experimentado una metástasis acelerada en los últimos cinco años, amenazando la democracia y la sociedad en su conjunto.
Desde 2022, la violencia política ha experimentado un aumento alarmante, superando con creces los niveles de los cinco años anteriores, según el proyecto “Votar entre Balas” de Data Cívica. El año 2023 se destacó como el más sangriento para los políticos, con 574 eventos registrados, casi 100 más que en 2022. La brutalidad política se ha extendido principalmente en estados como Guerrero, sumido en la incompetencia gubernamental y las complicidades con la delincuencia; Veracruz, gobernado por una administración profundamente inepta; Guanajuato, donde la lucha por el control del huachicol persiste; y Oaxaca, infectado desde hace tiempo por el Cártel de Sinaloa.
El recuerdo lúgubre de las elecciones intermedias de 2021 sigue siendo una mancha indeleble en la memoria de muchos. La violencia política afectó a 570 de los 2,469 municipios en 32 estados, según un informe del Seminario sobre Violencia y Paz de El Colegio de México. En ese proceso electoral, que abarcó desde el 7 de septiembre de 2020 hasta el 6 de junio del año siguiente, se registraron 1,066 delitos y agresiones, incluyendo 102 homicidios dolosos y 48 en grado de tentativa. Sorprendentemente, el 66% de estos actos violentos fueron perpetrados por grupos armados, según la consultora Etellekt.
Lo más alarmante es que no hay indicios de que la violencia durante el proceso electoral disminuirá. Esto se debe, en parte, a la aparente renuncia del Estado mexicano frente a los criminales y a la política deliberada del presidente Andrés Manuel López Obrador de no confrontarlos directamente. En lugar de ello, su estrategia se centra en la inhibición y una respuesta enérgica solo cuando las fuerzas armadas son atacadas. Este repliegue del gobierno federal ha dejado de ser un garante de la seguridad, una realidad palpable para las comunidades afectadas que ahora se encuentran vulnerables.
Leer la columna “2024: el gran peligro para México”, de Raymundo Riva Palacio en El Financiero.
