Emite recomendaciones y subraya la elevada impunidad en las investigaciones.
En un contexto en el que el presidente Andrés Manuel López Obrador se ha negado sistemáticamente a recibir a los colectivos de madres buscadoras, México compareció ante el Comité contra las Desapariciones Forzadas (CDF) de la ONU en Ginebra, Suiza, para abordar las preocupaciones y recomendaciones emitidas en 2022 con respecto a la desaparición de personas en el país.
Durante esta comparecencia, se destacó un aumento alarmante en el número de personas desaparecidas, superando las 111 mil, y la persistencia de una crisis forense sin resolver. Además, se subrayó la alta impunidad que prevalece en las investigaciones relacionadas con desapariciones forzadas.
A pesar de los esfuerzos realizados, los expertos de la ONU expresaron su inquietud sobre la falta de progreso en la resolución de esta crisis. Los representantes de México defendieron los avances logrados desde la visita del Comité al país en noviembre de 2021, incluyendo mejoras en el ámbito normativo, coordinación entre instituciones, acceso a la justicia, presupuesto y la construcción de centros de identificación humana. También se mencionó el trabajo en curso para actualizar el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas.
Sin embargo, los relatores de la ONU manifestaron su preocupación por la falta de una política nacional coordinada para prevenir y erradicar las desapariciones forzadas. También destacaron la crisis forense, con más de 52 mil cuerpos sin identificar desde al menos 2019, y cuestionaron la efectividad de los esfuerzos gubernamentales para abordar esta situación.
En cuanto al alto índice de impunidad en las investigaciones, se mencionó que gran parte de las deficiencias ocurren a nivel de las fiscalías estatales. Los expertos expresaron interés en conocer las medidas tomadas por el Estado para garantizar la seguridad de los funcionarios involucrados en la búsqueda de desaparecidos, así como detalles sobre las investigaciones relacionadas con la Comisión para la Verdad sobre la Guerra Sucia y el caso Ayotzinapa. También se abordó la participación de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública.
ONU revela información preocupante sobre desapariciones forzadas en México
El Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU ha presentado hallazgos inquietantes sobre la situación de las desapariciones forzadas en México, tras su visita al país. Según el informe del Comité, se han identificado patrones alarmantes de desapariciones forzadas que afectan a la mayoría de las entidades federativas de México. Estas desapariciones siguen siendo perpetradas tanto por agentes públicos a nivel federal, estatal y municipal, como por grupos delictivos organizados.
Una de las preocupaciones más destacadas es la victimización específica de las mujeres en este contexto. Las mujeres, en muchos casos, asumen la responsabilidad de buscar a sus seres queridos y enfrentan consecuencias sociales y económicas graves debido a las desapariciones. Además, son víctimas de violencia, persecución, estigmatización, extorsión y represalias.
La situación de los defensores de derechos humanos también es motivo de preocupación. Algunos defensores han sido desaparecidos como resultado de su participación en la búsqueda y lucha contra las desapariciones. La violencia y las agresiones son una amenaza constante para ellos. Además, el Comité resalta la preocupación por la desaparición de más de 30 periodistas entre 2003 y 2021, sin que ninguno de ellos haya sido localizado y sin avances significativos en las investigaciones o sanciones contra los responsables. Esto representa una seria amenaza para la libertad de expresión y el derecho de la sociedad a estar informada.
Durante su visita, el Comité recibió denuncias de desapariciones ocurridas en el entorno carcelario. Por ejemplo, se informó sobre el caso de una madre cuya hija desapareció después de ingresar a un centro de detención para visitar a su pareja. La madre esperó fuera del centro durante la visita de su hija, pero ella nunca salió. Las autoridades carcelarias afirmaron no tener información sobre su paradero.
El Comité también expresó su preocupación por la falta de notificación inmediata de la privación de libertad de personas en centros penitenciarios y estaciones migratorias, así como de los traslados entre lugares de detención. Esta falta de información a los familiares y amigos de las personas detenidas se produce a pesar de las solicitudes para conocer su paradero y se considera como una forma de desaparición forzada según la Convención correspondiente.
Una impunidad casi absoluta
Según la información proporcionada por el México, al 26 de noviembre de 2021, solo un mínimo porcentaje de los casos de desaparición de personas, entre el 2 % y el 6 %, habían sido judicializados, y solo se habían emitido 36 sentencias en casos de desaparición de personas a nivel nacional.
A ello se suma la actitud, pasiva muchas veces, de las instituciones judiciales frente a un fenómeno tan grave como la desaparición de personas, cuya atención es responsabilidad de todos los ámbitos del poder público. Lo anterior contribuye a la notable falta de confianza de las víctimas en las instituciones, que a su vez resulta en un alto número de casos no reportados o denunciados.
Para la ONU, la impunidad en México es un rasgo estructural que favorece la reproducción y el encubrimiento de las desapariciones forzadas y pone en peligro y causa zozobra a las víctimas, a quienes defienden y promueven sus derechos, a los servidores públicos que buscan a las personas desaparecidas e investigan sus casos y a la sociedad en su conjunto. La impunidad, además, opera como factor de revictimización y socava el impacto de cualquier iniciativa para erradicar y prevenir las desapariciones forzadas. Como una víctima expresó durante la visita: “de fe y esperanza vive el ser humano, pero habiendo injusticia su alma nunca descansa”. La lucha contra la impunidad de las desapariciones en México es, por tanto, impostergable.
Exigencia de la ONU al Estado Mexicano
La gravedad de las desapariciones, la diversidad e intensidad de sus impactos para las víctimas y la sociedad mexicana en su conjunto requieren de la adopción e implementación urgente de una Política Nacional de Prevención y Erradicación de las desapariciones. Para ello, el Comité urge a México para que la política nacional aborde el conjunto de las observaciones y recomendaciones presentadas, teniendo como ejes transversales los estándares de debida diligencia, el enfoque diferencial y de derechos humanos.
La política nacional debe ser integral, atender y combatir las causas de las desapariciones forzadas y apuntar a su no repetición. Debe contener acciones concretas e indicadores mensurables que permitan evaluar su cumplimiento y resultados. Con esta finalidad, deberá establecerse un sistema de monitoreo transparente e independiente que asegure la rendición de cuentas.
El diseño de la política nacional debe involucrar a todas las autoridades federales, estatales, municipales, así como a los órganos autónomos de México y a amplios sectores de la sociedad, incluyendo las víctimas y colectivos de víctimas y sus representantes.
La implementación de la política nacional debe contar con la firme voluntad política y el compromiso efectivo de todas las autoridades del Estado.
El Comité recomienda al Estado parte convocar a los organismos y comunidad internacionales para articular mecanismos de cooperación y coordinación de los múltiples proyectos promovidos para afrontar las desapariciones.
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