La piratería en México es un fenómeno ampliamente conocido y presente en situaciones cotidianas, como los viajes en el metro de las grandes ciudades o los pasillos de mercados sobre ruedas en municipios y alcaldías del país. Aunque estas imágenes son recurrentes, no cuentan la historia completa ni capturan la evolución reciente de este fenómeno.
La falsificación y piratería son problemas persistentes que afectan a la economía, la industria y los consumidores en México. Estas actividades ilícitas se han vuelto cada vez más sofisticadas y generalizadas, generando enormes pérdidas para los sectores productivos y erosionando la confianza en los productos y servicios genuinos. A pesar de los esfuerzos por combatir este fenómeno, la lucha contra la falsificación y piratería continúa presentando desafíos significativos.
En el 2021, el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), destruyó más de 1 millón 850 mil productos falsificados, de los 3.4 millones que aseguró. En ese mismo año, impuso 171 multas por más de 43 millones de pesos en casos relacionados con la piratería. Por ello, en México, existen normas y legislaciones en las que se establecen las sanciones de estos delitos, tales como la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial y el Código Penal Federal.
El gobierno de Estados Unidos ha ampliado la permanencia de México a 21 años consecutivos en la lista de países con rezagos en la defensa de la propiedad intelectual. El Reporte 2023 de la Representación Comercial de EU (USTR, por sus siglas en inglés) ha destacado el incremento de la piratería de audio y video en línea, la falsificación de productos y la distribución de productos falsificados a través de organizaciones criminales, así como la falta de regulación e implementación en el país.
Desde 1999, México ha estado bajo observación en materia de protección de la propiedad intelectual y desde 2003 forma parte de los países vigilados debido a los altos niveles de piratería y falsificación. Actualmente, el grupo está compuesto por 22 naciones.
El reporte gubernamental estadounidense señala que en México la piratería y la falsificación de productos y servicios digitales continúan en aumento, mientras que las investigaciones y persecución de estos delitos “parecen no existir”. Se destaca que durante los últimos tres años, la Fiscalía General de la República (FGR) no ha presentado ninguna estadística sobre el cumplimiento de la propiedad intelectual.
El sector privado también ha manifestado su preocupación, mencionando que la FGR ha impuesto una prohibición interna para solicitar órdenes de registro en casos de violación a la propiedad intelectual, lo cual es una herramienta esencial en las investigaciones.
El análisis realizado en el reporte menciona que “México continúa sufriendo de muy altas tasas de copias pirata, incluyendo aquellas de streaming por internet, uso compartido de archivos punto a punto, extracción de flujos, dispositivos y aplicaciones de transmisión ilícita, dispositivos de elusión para videojuegos y consolas, y medios físicos”.
El aumento de la piratería en línea, tanto en videojuegos como en música, representa un desafío adicional debido a los requisitos para que se aplique la ley, que exige a los afectados demostrar un beneficio para el infractor y presentar una copia física del material infringido.
El informe también resalta la falta de implementación de regulaciones en materia de derechos de autor, lo cual crea “incertidumbre para los sectores de creación e innovación que buscan protección y la aplicación efectiva de la ley de propiedad intelectual”.
El gobierno de Estados Unidos considera que las autoridades mexicanas no están haciendo cumplir ciertas disposiciones de la ley de derechos de autor, mientras que una impugnación constitucional de la Ley de Derechos de Autor aún está pendiente de resolución en la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Esta evaluación reafirma la necesidad de tomar medidas concretas para fortalecer la protección de la propiedad intelectual en México y combatir la piratería y la falsificación, no solo para salvaguardar los derechos de los titulares de derechos, sino también para fomentar la innovación, el desarrollo económico y la protección de los consumidores.
La falsificación y la piratería abarcan una amplia gama de productos, desde productos electrónicos y prendas de vestir hasta medicamentos y software. Los delincuentes aprovechan la demanda de bienes a precios más bajos y se involucran en la producción y distribución de productos falsificados o copias ilegales. Estos productos suelen tener una calidad inferior y pueden plantear riesgos para la salud y seguridad de los consumidores.
Uno de los principales desafíos que enfrenta México en la lucha contra la falsificación y piratería es la complejidad y la naturaleza transnacional de estas actividades delictivas. Los productos falsificados a menudo se producen en otros países y se introducen clandestinamente en el territorio mexicano a través de redes de contrabando. Esto dificulta la identificación y el enjuiciamiento de los responsables, así como la erradicación efectiva de esta problemática.
Los impactos de la falsificación y piratería son significativos. En términos económicos, se estima que estas actividades ilícitas representan pérdidas millonarias para las empresas legítimas, así como la reducción de empleos formales y el debilitamiento de la inversión en investigación y desarrollo. Además, el comercio ilegal socava la competencia justa y desalienta la innovación y la creatividad en el país.
En el ámbito de la investigación, se ha prestado más atención a la demanda, los hábitos de consumo y las actitudes del mexicano hacia la piratería. Sin embargo, se ha investigado poco sobre la oferta más allá de la ubicación de mercados notorios. A pesar de que esta actividad se ha sofisticado y ha alcanzado una escala comercial que abarca prácticamente todas las industrias de manufactura, identificar los elementos de la oferta sigue siendo un desafío importante en términos de investigación.
En un estudio reciente elaborado por el Observatorio Nacional Ciudadano en conjunto con la American Chamber of Commers, se expone que la principal razón de esta dificultad es que se trata de una actividad económica ilegal para la cual hay poca información sistematizada. La información disponible a través de los aseguramientos y decomisos realizados por las autoridades no es representativa. Por lo tanto, en este proyecto se optó por una metodología cualitativa que busca describir, caracterizar y explicar tendencias, patrones, perfiles y otros elementos.
La piratería no es exclusiva de México, pero suele ser el tema principal en las discusiones sobre propiedad intelectual en el país. Para comprender los determinantes que permiten la oferta de productos piratas, es necesario profundizar en aspectos complejos como la organización de la cadena de suministro, las relaciones contractuales, las capacidades tecnológicas de replicación y la economía política que rige los mercados notorios.
En este contexto, intervienen fuerzas internacionales, como los bajos costos de manufactura en economías asiáticas, y la interconexión de los mercados y soluciones innovadoras de logística. Además, se ven afectados por la convergencia de redes criminales y esquemas de corrupción en diversos ámbitos y espacios donde la piratería encuentra protección.
Comprender la oferta también implica conocer las acciones emprendidas por los titulares de derechos y las instituciones gubernamentales para combatirla. Entre estas acciones se encuentran el uso de etiquetado especial, el establecimiento de distribuidores autorizados, la investigación privada de mercados notorios y los procedimientos legales y administrativos dirigidos a proteger el valor de la propiedad intelectual.
La piratería y la falsificación tienen un impacto significativo tanto en el ámbito económico como en el social en México. A continuación, se detallan algunos de los efectos más relevantes:
Impacto económico:
Impacto social
Es crucial abordar y combatir estos problemas de manera efectiva para proteger la economía y la sociedad en México. Solo a través de una acción coordinada y decidida se podrá frenar este fenómeno y proteger la economía, la industria y los derechos de propiedad intelectual en el país.
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