En su comparecencia, María Elena Álvarez Buylla admitió que el dinero para fideicomisos fue entregado a la Tesorería de la Federación.
Casi un año después comparece titular del Conacyt
María Elena Álvarez Buylla, directora general del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), compareció después de 10 meses de haber sido citada por primera vez ante diputados y senadores en una sesión virtual que duró aproximadamente 5 horas y media.
La titular del Conacyt había estado posponiendo la reunión con legisladores de las comisiones de ciencia, lo que pudo haberle traído acciones legales por desacato. Tanto el senador Ricardo Monreal, de Morena, como el diputado Juan Carlos Romero Hicks, del PAN, expresaron su desaprobación a la manera como se ha conducido Álvarez-Buylla y calificaron su actitud como una falta de respeto.
En la comparecencia, Álvarez informó que parte de los recursos que se destinaban a 44 fideicomisos para proyectos de investigación científica y desarrollo tecnológico, cancelados por el presente sexenio, fueron devueltos a la Tesorería de la Federación para los “proyectos prioritarios” de la 4T.
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Se calcula que el monto de dinero por la cancelación de fideicomisos fue de aproximadamente 45 mil millones de pesos. De ellos, 21 mil 853 millones se habrían entregado a la Federación para las obras insignia de AMLO.
“Parte de esos recursos fueron invertidos con esta claridad y eficiencia, y el resto de los recursos, pues regresaron a donde tenían que estar; a los recursos disponibles de la TESOFE (Tesorería de la Federación) para proyectos prioritarios a nivel del Gobierno Federal, incluyendo los de ciencia y tecnología”
María Elena Álvarez Buylla, directora general del Conacyt.
A la fecha no hay una sola denuncia penal por corrupción en alguno de los 44 fideicomisos para ciencia y tecnología que fueron desaparecidos y cuyo dinero no regresó a las instituciones que los administraban.
La “ciencia neoliberal”
En su exposición inicial, la titular se expresó sobre las condiciones en las que recibió la Comisión y en varias ocasiones se refirió a la “ciencia neoliberal” como un proceso para privatizar este campo. En este punto comentó que entre los años 2001 y 2018, las diferentes administraciones transfirieron a empresas privadas 45 mil 700 millones de pesos a través de programas oficiales para estimular la investigación e innovación.
Las empresas que supuestamente se habrían beneficiado fueron Monsanto, Intel, Kimberly Klark, VolksWagen y Mabe, todas sin vocación científica, por lo que “los resultados en innovación fueron ridículamente bajos”.
El diputado Romero Hicks tomó la palabra ante este planteamiento ya que fue director de Conacyt de 2006 a 2009 y recalcó que los recursos puestos en duda por Álvarez fueron entregados mediante programas oficiales y legales, además señaló que la expresión “ciencia neoliberal” no es un término científico, sino político.
Por su parte, Elena argumentó que “la ciencia neoliberal es la cooptada y convertida en tecnociencia, que prioriza el interés mercantil de una gran trasnacional por encima de los principios epistemológicos del conocimiento”.
Al respecto, Jorge Carlos Ramírez Marín, senador del PRI y presidente de la Comisión de Ciencia del Senado, puntualizó que la ciencia no admite dogmas y no debería ser utilizado para detener investigaciones que podrían ser valiosas solo por considerarlas “neoliberales”.
CIDE funcionaba como institución privada
Respecto al problema que hubo con la comunidad estudiantil del Centro de Investigación y Docencia Económica (CIDE), uno de los Centros Públicos de Investigación Conacyt, Álvarez indicó que desde hace años el CIDE y otros centros académicos funcionaron como instituciones privadas.
“Algunos investigadores podían tener ingresos millonarios, utilizando el membrete para consultorías privadas”.
María Elena Álvarez Buylla, directora general del Conacyt.
Así mismo acusó que muchos recursos del Conacyt se entregaron a “universidades depredadoras de bajísimo nivel” para impartir programas de posgrado en administración, finanzas, mercadotecnia y comercio internacional que eran más bien negocios y no logros académicos.
Defendió el nulo apoyo que su institución otorga a miembros del Sistema Nacional de Investigadores (SNI) que trabajan en universidades privadas porque otorgárselos equivaldría a privatizar recursos públicos destinados para la ciencia. Desde esta visión, la calidad, pertinencia o impacto social de cualquier desarrollo que se realice en instituciones privadas no generaría beneficio social.
Con información de La Crónica.
