Derechos humanos de los delincuentes

AMLO ha defendido ferozmente su máxima “abrazos no balazos”, sin embargo, la violencia se incrementa y la ciudadanía se siente abandonada.

Proteger los derechos humanos

Durante todo su sexenio, AMLO ha tenido que defender su política de “abrazos no balazos” en materia de seguridad pública. Lo sucedido en Nueva Italia, Michoacán, pone al descubierto la falta de estrategia para contener la impunidad con la que operan las bandas criminales.

Entérate: Mientras el Ejército huye, la estrategia de seguridad fracasa

López Obrador no culpó en esta ocasión a la prensa amarillista ni a sus opositores. Esta vez se refugió en el respeto a los derechos humanos de miembros de la delincuencia organizada para justificar el repliegue y pasividad de las fuerzas armadas ante el reinado de terror que han extendido en todo el territorio nacional.

Declaración tan irónica como lacerante cuando en el presente gobierno se ha rebasado la cifra de 100 mil homicidios dolosos (Justice in Mexico), hay más de 95 mil personas desaparecidas y más de 52 mil cuerpos sin identificar (Comité contra la Desaparición Forzada); se cometen en promedio 10 feminicidios diarios (SESNSP), 25 personas defensoras de derechos humanos han sido asesinadas (Comité Cerezo México) y el índice de impunidad alcanza el 92% (Índice Global de Impunidad).

“Ninguno de los sucesores recientes del presidente se enfrentó a niveles tan altos y sostenidos de violencia: en comparación, hubo 33 mil 635 asesinatos bajo el presidente Fox; 30 mil 572 bajo Calderón, y 41mil 688 durante la presidencia de Peña Nieto en el mismo periodo”.

Informe “Crimen organizado y violencia en México”, Justice in Mexico.

En este sentido, la encuesta del Centro de Opinión Pública UVM arrojó que el 56% de habitantes considera que los derechos humanos no son respetados en el país, el 43% cree que la situación de derechos humanos en México es tan mala como en otros países, y el 31% piensa que es peor aquí que en el resto de mundo.

Percepción de inseguridad

La Iniciativa Global contra el Crimen Organizado Transnacional ubicó a México en el cuarto lugar de 193 países con más crimen organizado, solo superado por el Congo, Colombia y Myanmar. Situación que se refleja fielmente en la percepción de seguridad que tiene la ciudadanía, ya que, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública 2021 (Envipe) cerca del 60% de la población considera la inseguridad como el problema más grave en México.

“Los elementos del crimen organizado, incluidas las bandas locales y transnacionales y los narcotraficantes, fueron autores importantes de delitos violentos […] particularmente dirigidos a los grupos vulnerables. El gobierno investigó y procesó algunos de estos delitos, pero la gran mayoría permaneció sin investigar ni enjuiciar”.

Informe anual sobre derechos humanos del Departamento de Estado de Estados Unidos.

El impacto que ha tenido la falta de una estrategia de seguridad clara y contundente es que nadie está exento de ser víctima del crimen. Empresarios, campesinos, comerciantes, mujeres, jóvenes y activistas son potenciales víctimas de delitos como extorsión, trata, reclutamiento forzado y homicidios por parte de estas células delictivas cuyo margen de acción dejó de ser exclusivamente el narcotráfico desde hace varios años.

El sentimiento de abandono por parte de la autoridad es cada vez más profundo. En términos de confianza, según datos de Latinobarómetro, solo el 28 % de la ciudadanía confía en el gobierno.

“Estamos pasando hambre, frío, necesitamos hacer un llamado a autoridades competentes para que nos apoyen, no nada más autoridades del Estado, a la ONU, Unicef, que nos apoye con niños que no tienen hogar, porque el crimen les ha destruido sus casas con lanzallamas. Necesitamos ayuda del Ejército, de todas las fuerzas de México, de Marina, queremos que el coronel Jaramillo Rodríguez nos dé un oficio firmado”.

Protesta en Batallón Militar de Apatzingán, Michoacán, septiembre 2021.

Con base en estas cifras, cabe la siguiente pregunta: ¿Los derechos humanos de quienes cometen un delito están por encima de los derechos humanos del grueso de la población en México?