Existe mucha incertidumbre alrededor de las Universidades para el Bienestar, pues poco se sabe sobre las condiciones reales en las que asisten alumnos y maestros, quienes han denunciado constantemente la precariedad con la que retribuyen su labor.
Lejos de ser lo que el país necesita
A pesar de ser uno de los programas más importantes del gobierno federal, el cual presume en redes sociales que ya están abiertas las 100 nuevas instalaciones de las Universidades para el Bienestar “Benito Juárez García”, estas se encuentran lejos de satisfacer las necesidades de educación superior de los jóvenes mexicanos. Es poco lo que se sabe sobre el funcionamiento real y las condiciones físicas de sus instalaciones de las 140 Universidades del Bienestar creadas por el gobierno de López Obrador; sin embargo, hasta el momento se ha denunciado que las instalaciones fueron gestionadas “al vapor”, pues son prestadas y han resultado insuficientes o inadecuadas.
De acuerdo con el sitio oficial, a estas nuevas universidades, en febrero de este año había 28,087 alumnos inscritos, quienes cursan alguna de las 36 carreras que se imparten en las sedes. Según esta información, la mayoría de las sedes solamente cuentan con una carrera, por lo que los jóvenes no tienen una variedad de opciones para elegir sus estudios de acuerdo con su vocación, como ocurre en las instituciones públicas como la UNAM, el IPN y la UAM, o incluso en las opciones privadas.
“Las evaluaciones realizadas durante su primer año de operación revelan que empezaron de manera improvisada en sedes provisionales e, incluso, sin que todas las carreras tuvieran la certificación y validez oficial ante la Secretaría de Educación Pública (SEP). Según la información oficial, 19 de las sedes de Universidades para el Bienestar ya estaban en funcionamiento desde el 2016 como parte de las Universidades de Morena, mientras que las nuevas comenzaron a operar en instalaciones prestadas por ayuntamientos, comunidades e instituciones que incluso fueron gestionadas por los propios maestros”.
Reporte Índigo
Violaciones laborales
En las Universidades del Bienestar, había 997 docentes, muchos de los que ahora se encuentran en una situación complicada, ya que fueron despedidos de manera injustificada, ante lo que las autoridades del programa alegan que solamente no fue renovada su participación, lo cual se decide cada seis meses, según instrucciones de la Secretaría de la Función Pública (SFP), y que no cuentan con prestaciones o un contrato debido a que son beneficiarios de un programa que recibe subsidios para seguir operando.
Tras ser amenazados de no recibir su último pago si no firmaban su baja voluntaria del programa, lo cual constituye una violación a sus derechos laborales, los docentes cesados de sus funciones dieron a conocer un pliego petitorio en el que demandan el cumplimiento de ocho puntos: reconocimiento de su relación laboral; reinstalación de todos los profesores y asistentes académicos despedidos; recibir seguridad social conforme lo marca la ley; estabilidad laboral y cese a los descuentos y retenciones indebidas de jornadas trabajadas; alto a las medidas represivas y de descalificación de las y los trabajadores en la demanda de sus derechos laborales; reconocimiento a nuestra antigüedad laboral; pago de la jornada laboral completa (trabajo frente a grupo, preparación de clases, asesorías, gestión) y libertad de cátedra.
Con información de Reporte Índigo y Suplemento Campus
