Investigados por corrupción, violaciones a los derechos humanos o por tener nexos con gobernadores procesados por peculado, hoy compiten por un cargo de elección popular.
Partidos les dan cabida sin considerar antecedentes
Quintana Roo
La coalición Va por México postuló para un cargo a José Alberto Alonso Ovando, parte del círculo de cómplices del exgobernador Roberto Borge. Alonso Ovando cuenta con un amparo para no ser detenido mientras que su exjefe Roberto Borge continúa en prisión por peculado y desempeño irregular de la función pública.
También ligado a Borges, Víctor Manuel Zapata Vales exvocal del Patronato del Centro de Integración Juvenil en Chetumal, se unió a las filas de Movimiento Ciudadano. Mientras que el PES reclutó a Greg Sánchez, detenido en 2010 por vínculos con los Zetas y el cártel de los Beltrán Leyva.
Morena no se queda atrás y sumó a Laura Lynn Fernández Piña, exsecretaria de Turismo, así como a Juan Carrillo Soberanis, coordinador estatal del programa Reciclando Basura por Alimentos. Ambos ligados a Roberto Borge.
Chihuahua
En Chihuahua, Morena ungió como próximo alcalde de Ciudad Juárez a Armando Cabada, acusado por recibir sobornos de Javier Duarte. Sin embargo, no ha sido procesado por haberse acogido al “criterio de oportunidad” y regresar al fisco 4.3 millones de pesos adquiridos de sobornos. Daniel Murguía, perfil de cuestionable reputación, también está postulado por el partido que fundó el presidente del país.
Veracruz
En Veracruz, parte de los legisladores veracruzanos que firmaron desplegado de apoyo a Javier Duarte, entonces gobernador del estado, están compitiendo por un cargo de elección. Bajo el cobijo de Va por México está Adolfo Mota Hernández, señalado por la Auditoría Superior de la Federación de desviar 120 mdp a empresas fantasmas. Por Morena-PVEM-PT ha sido registrada María del Carmen Pinete Vargas para volver a quedarse con una diputación federal.
Chiapas
En Chiapas, 10 excolaboradores de Manuel Velasco aparecen en las listas de la coalición Juntos Haremos Historia. Uno de ellos con mal historial es Jorge Luis Llaven Abarca, señalado por organizaciones civiles encabezadas por el Centro de Derechos Humanos San Bartolomé de las Casas de detenciones ilegales y tortura. Exigieron su destitución durante su gestión al frente de la SSPC.
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Con información de Animal Político.
