La tormentosa relación AMLO-periodistas

La Constitución establece que “es inviolable la libertad de difundir opiniones, información e ideas, a través de cualquier medio” (artículo 7°). Expresarlas “no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa” con la salvedad de que “ataque a la moral, la vida privada o los derechos de terceros, provoque algún delito o perturbe el orden público” (artículo 6°). El derecho a la libre expresión es para todos los ciudadanos. De manera que por igual lo tienen quienes desde el periodismo cuestionan los actos o excesos del poder y quienes desde éste, al ejercerlo, responden a las críticas.

Cierto es que nunca, en la historia reciente del país, un gobierno había sido tan atacado desde los medios de comunicación como el actual. No faltan motivos leal y razonablemente planteados, como tampoco intenciones desestabilizadoras y hasta golpistas. También es cierto que nunca un Presidente había respondido abiertamente a las críticas, incluso reprobando a quienes se las enderezan, como lo ha hecho López Obrador. Tampoco le faltan motivos en atención a su derecho de réplica, ni intenciones políticas como la de polarizar que tan bien le han servido en su camino hacia el poder.

Si lo vemos con calma y la mayor objetividad posible, ni medios ni gobierno han incurrido en su más reciente esgrima en las salvedades constitucionales que limitan la libre manifestación de las ideas. No se sabe hasta ahora de inquisición judicial o administrativa contra la crítica periodística ni de ataques de ésta a la vida privada de quien encabeza el Estado mexicano o de incitaciones que provoquen delitos o perturben el orden público.

El intercambio de opiniones, y eso debería ser motivo de satisfacción, ha transcurrido en el más absoluto respeto a la libertad de expresión. Acaso desde ambas partes ha habido señalamientos políticamente incorrectos, innecesarios, incluso falaces. Un par de ejemplos:

Desde el Palacio Nacional AMLO se queja de no ver en la prensa aplausos a su gestión. Aplaudir no es tarea del periodismo ni ser aplaudido por ella debería ser expectativa del gobernante. Nada nuevo: todos los presidentes, en algún momento de sus respectivos mandatos, se han quejado de la ingratitud de quienes los criticaron. Pero decir que en México no hay un periodismo profesional o ético, es una generalización falaz que lo muestra intolerante. No vale la pena la polémica. En todo caso que se ponga el saco el que le quede.

Desde la pantalla de TV Azteca, Javier Alatorre, conductor de su noticiero estelar, llamó a no hacerle caso al doctor Hugo López-Gatell, responsable de la estrategia sanitaria contra el Covid 19, ya que “sus cifras y conferencias se volvieron irrelevantes”.

Más allá de los efectos contrarios que el dicho de Alatorre generó en el esfuerzo de reducir la movilidad social para frenar la velocidad de contagio de la pandemia, AMLO –contra lo esperado de acuerdo con sus reacciones a la crítica– lo calificó indulgentemente como una equivocación, acaso en congruencia con la buena relación que ha sostenido con el concesionario de esa televisora, Ricardo Salinas Pliego.

De esto se infiere que más que motivaciones informativas, fueron políticas las que tuvieron Alatorre, al hacer tales señalamientos, y López Obrador, al contestarle. Sería ingenuo pensar que lo dicho por conductor del noticiario Hechos no haya sido ordenado y avalado por Salinas Pliego, principal activista contra el frenón de la economía por la pandemia.

Desde 1993, cuando obtuvo la concesión de TV Azteca con todo el apoyo de Carlos Salinas de Gortari, Salinas Pliego siempre ha procurado una buena relación con los presidentes en turno, basada en una regla muy práctica: mientras me sirvas te sirvo. El gobierno de AMLO no ha sido la excepción.

En términos ideológicos cuesta trabajo entender esa alianza. AMLO se identifica con la izquierda, aunque en su sector más conservador (vaya paradoja del lenguaje); y Salinas Pliego con la derecha más rancia. No es un secreto que su padre financió al MURO, violento grupo estudiantil anticomunista vinculado a la clandestina organización nacional de El Yunque, algunos de cuyos fundadores, como Fernando Baños Urquijo y Agustín Navarro, trabajaron en TV Azteca en la definición de la política editorial de sus noticieros. Las motivaciones de Salinas Pliego tienen que ver entonces con negocios en marcha que podrían verse afectados y si, como le decía, hay resortes políticos que el concesionario estira para evitarlo, las consecuencias también serán políticas en la viabilidad de su alianza con AMLO. Ya lo veremos nada más pase la pandemia.