El presidente que habla diario y de todo, no quiere hablar de la militarización de la seguridad pública. Incluso ayer evadió el tema en su monólogo diario de la mañanera, mientras su secretario de Seguridad Pública, Alfonso Durazo, trató de justificar el decretazo para militarizar la seguridad pública y la persecución de los delitos en el país con un argumento tan falso como rebatible: que el “apoyo de las fuerzas armadas” a la seguridad civil “siempre estará subordinado a la Guardia Nacional”.
Y es que ahí está precisamente el problema: la Guardia Nacional siempre ha estado supeditada, en los hechos, al mando militar de la Secretaría de la Defensa. Su comandante Luis Rodríguez Bucio es militar y obedece y le responde al secretario de la Defensa, Luis Cresencio Sandoval, y no a Durazo, al igual que lo hacen los generales que dirigen a los guardias nacionales en los estados del país, quienes reportan y obedecen órdenes solo de la Zona o Región Militar de donde se encuentren y no necesariamente del gobernador ni de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana a nivel federal.
El mismo Alfonso Durazo comentó en una plática reciente con periodistas y directivos de un diario, en la que tuve la oportunidad de escucharlo, que él y su Secretaría de Seguridad no son los rectores ni los que mandan en la labor de dar seguridad a los mexicanos. “Yo sólo tengo un papel normativo (en la estrategia de seguridad federal) el mando operativo lo tienen las Fuerzas Armadas”.
¿Entonces, lo saben bien y siempre lo supieron, si el mismo presidente se lo pidió al Congreso de la Unión en su iniciativa original donde quería una Guardia Nacional completamente militarizada y bajo las órdenes del Ejército, aunque el rechazo de la oposición lo obligó a negociar una “transición de 5 años” para el regreso de los militares a los cuarteles, que es lo que ahora pone en marcha por decreto, por qué no reconocer que, al igual que Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, decidieron echar mano de la fuerza militar para controlar la inseguridad y la violencia porque no tenían otra opción ante la gravedad del problema y la capacidad armada de los cárteles del narco?
Ayer me explicaba el Consejero Jurídico de la Presidencia que en realidad el decreto que publica el “Acuerdo por el que se dispone de la Fuerza Armada permanente para llevar a cabo tareas de seguridad pública de manera extraordinaria” no es algo nuevo y que “siempre estuvo contemplado en el artículo 5 transitorio de la ley que creó a la Guardia Nacional” y que aprobó por unanimidad el Congreso. “No hay tal militarización, sólo se está aplicando lo que preveía la reforma constitucional”, comentó el abogado Julio Scherer Ibarra. Y no tengo duda que así es, que eso estaba previsto, pero según los senadores y diputados que aprobaron la ley, también se preveía que esa participación de 5 años del Ejército y la Marina en labores de seguridad iba a estar acotada, vigilada y fiscalizada, como dice el decreto, pero por normas elaboradas por el Congreso y bajo mandos civiles, cosa que hoy en la realidad no existe.
El líder del Senado, Ricardo Monreal, también defendió el decreto presidencial al argumentar que siempre estuvo contemplado en la reforma constitucional que aprobaron de manera unánime no sólo diputados y senadores federales, sino también el Constituyente Permanente conformado por los 32 congresos locales. Monreal aseguró que el respeto a los derechos humanos y a las garantías de los mexicanos por parte de las fuerzas militares que apoyarán en la seguridad pública está garantizado en leyes como la que regula el uso de la fuerza y cuestionó a quienes comparan esta participación de las Fuerzas Armadas con lo que pasó en otros sexenios. “Aquí lo que tenemos es una participación constitucional de los militares, regulada y acotada. Quienes critican y atacan lo hacen por ignorancia y por mala fe porque saben que esto ya se había aprobado en el Congreso”, sostuvo Monreal.
También la Jefa de Gobierno de la CDMX, quien incluso se oponía en algún momento a tener patrullajes militares en la capital del país, negó que con el Ejército y la Marina haciendo labores policiacas estemos en la vía militar: “No se está militarizando, vamos a esperar que el presidente informe de todo esto y en el caso de la ciudad nuestra estrategia como ciudad tiene que ver con el fortalecimiento de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (…) como saben en particular en este periodo de la pandemia y dado que la Guardia Nacional cubre distintas tareas, nos están apoyando Sedena y Marina en algunos lugares con el patrullaje, sobre todo en la zonas limítrofes”, dijo Claudia Sheinbaum.
Se puede entender la reticencia a reconocer la militarización de la seguridad, así sea con un mandato constitucional; se puede comprender que viniendo algunos de ellos de la izquierda les cueste mucho admitir que son parte de un gobierno que se apoyó en los militares ante la incapacidad civil de frenar la violencia delincuencial, incluso podría aceptarse que el decretazo publicado en tiempos de la pandemia y en medio de tanta incertidumbre y desazón social, era algo ya autorizado desde un Congreso que aprobó unánimemente un modelo de seguridad civil y una Guardia civil a la que ahora se le coloca encima a las Fuerzas Armadas. Al final lo que tenemos a partir de ayer en la seguridad pública del país es a militares en las calles haciendo labores de policías, deteniendo ciudadanos, patrullando ciudades y municipios, cateando domicilios e iniciando denuncias y hasta interviniendo comunicaciones privadas con orden de un juez, todo eso con mandato constitucional. Eso, aquí y en China se llama militarización, con los matices y atenuantes que quieran ponerle. Como diría el test del pato: “Si grazna como pato, camina como pato y se comporta como un pato, entonces seguro que es un ganso…militarizado”.
