La semana pasada, en una conferencia mañanera, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, presentó un reporte sobre la evolución del delito y la violencia en el país. Presumió algunas cifras (una supuesta caída en el número de secuestros y feminicidios), pero admitió que el homicidio doloso no ha disminuido. Para usar su expresión, “estamos prácticamente en la línea de contención”.
Ese mismo día, lo secundó en el diagnóstico la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero: “la respuesta es no, no se han bajado los homicidios en esta época de pandemia”.
Ese análisis es incuestionable: el nivel de violencia homicida no ha disminuido en el país desde el inicio de la actual administración federal, ni siquiera en las condiciones excepcionales creadas por la epidemia de coronavirus. Tercamente, el número de víctimas de homicidio doloso y feminicidio se mantiene en torno a 3000 por mes desde hace dos años.
La pregunta es por qué debería de sorprender esa evolución.
¿El actual gobierno ha puesto en marcha una política explícita de reducción de homicidios? No. Existe un plan genérico de paz y seguridad, pero no hay allí nada que atienda específicamente la problemática del homicidio.
¿Han aumentado los presupuestos para las fiscalías y, en específico, para las áreas especializadas en la investigación de homicidios? No. Para la Fiscalía General de la República, el presupuesto creció ligeramente en 2020 (antes de los recortes derivados de la pandemia, claro está), pero allí casi no se investigan homicidios. Para las fiscalías locales, no ha habido recursos adicionales.
¿Se ha creado una coordinación nacional para el combate del homicidio, en el molde de la coordinación nacional antisecuestro? No. Hasta ahora, no ha habido un esfuerzo por homologar las prácticas de investigación de homicidio ni para crear unidades especializadas en la materia en los estados.
¿Se ha hecho un esfuerzo consistente para promover la creación de unidades de investigación en las policías estatales y municipales? No. El año pasado, se aprobó en el Consejo Nacional de Seguridad Pública un documento denominado Modelo Nacional de Policía y Justicia Cívica, uno de cuyos ejes es dotar a las policías locales de facultades de investigación. Es una buena propuesta, pero hasta ahora, salvo algunas excepciones que se cuentan con los dedos de una mano, se ha quedado en retórica.
¿Se ha diseñado un programa nacional de prevención de la violencia? No. Se han impulsado diversos programas sociales de alcance genérico, pero que no atienden en específico a las poblaciones en riesgo o en conflicto con la ley. En los estados, salvo algunas excepciones (por ejemplo, el programa Alto al Fuego en la Ciudad de México), no hay iniciativas específicamente dirigidas a reducir la violencia letal.
¿Se han concentrado recursos federales en algunas regiones particularmente violentas, como se hizo en Ciudad Juárez en 2010 o en La Laguna en 2013? No. La Guardia Nacional está diseminada por todo el territorio, haciendo de todo un poco. Su despliegue territorial no tiene ninguna correlación con la tasa de homicidio. A diciembre del año pasado, había más integrantes de la Guardia Nacional por mil habitantes en Querétaro que en Guanajuato.
Dado todo lo anterior, ¿por qué habríamos de esperar resultados distintos a los que se han obtenido? Los elevados niveles de violencia letal son la consecuencia ineludible de no hacer por prevenirla o sancionarla.
Estamos dónde estamos porque no hemos hecho nada para cambiarnos de sitio. Así de fácil.
