Sucedió hace menos de un año. Causó gran revuelo en los medios. El presidente, tan atento a estos, debería recordar aquel caso.
Carlos, un niño de 13 años, fue hallado muerto en el Cerro del Estropajo, en Xalapa, Veracruz. Había desaparecido al salir de la secundaria número 6, “Jesús Reyes Heroles”. Esa tarde sus familiares recibieron una llamada en la que se les informó que Carlos estaba secuestrado. Los plagiarios pidieron seis mil pesos de rescate. La familia solo pudo reunir tres.
El niño no volvió. Las cámaras de vigilancia mostraron que al salir de la escuela Carlos había caminado hacia la parada del autobús, acompañado de una compañera. La policía la buscó para interrogarla. Ella se puso nerviosa y cayó en contradicciones.
Así emergió la verdad. Le había pedido a Carlos que la acompañara para que su padrastro lo secuestrara.
Una muerte, un secuestro de tres mil pesos.
En 2018, un poco más atrás en el tiempo, hubo en Iztapalapa una fuerte ola de secuestros. En al menos seis casos la PGR detectó el mismo modus operandi. Una adulta mayor que salió para meter su coche al garaje, ya no volvió a su casa: la puerta de dos hojas de la cochera se quedó abierta.
Un hombre que salió de noche a mover su auto, para no quedar atrapado en el tianguis que se instalaba en su calle cada semana, tampoco regresó.
Un padre que esperaba a su familia en el coche, se perdió de vista de un momento a otro.
En todos los casos las víctimas eran secuestradas en sus propios vehículos. En todos los casos, los secuestradores se comunicaban con los familiares para exigirles cierta cantidad, y aceptar luego el dinero que les ofrecieran: prácticamente, lo que las víctimas tuvieran a la mano: una negociación rápida y con cautiverios que duraban unas horas.
Las secuestrados eran liberados en la zona de Los Reyes la Paz. Las investigaciones llevaron a la policía hasta un grupo de ocho o nueve personas que a bordo de distintos autos se reunían frente a una pensión de la calle González Mier.
La banda recorría Iztapalapa de noche, buscando gente para secuestrarla al azar. No realizaban secuestros de alto impacto, no estudiaban a sus víctimas ni las elegían en función de sus bienes. Se llevaban a la gente según la iban encontrando y se la llevaban a unos cuartos a medio construir en lo que concretaban la negociación.
Los familiares debían arrojar el dinero, dentro de una bolsa, desde un puente de Los Reyes de la Paz.
Si la gente no tenía para el rescate, a las víctimas sencillamente las asesinaban.
Algo semejante ocurrió en Ecatepec en febrero de 2017. “Miriam, me vienen siguiendo no mames tengo mucho miedo qué puta madre hago”, le escribió una joven de 27 años a su hermana. “Acércate a un poli”, respondió esta. La joven no volvió a contestar el teléfono. La familia recibió poco después una llamada. Los secuestradores exigieron “un mínimo de tres mil pesos”. A la joven la liberaron horas después en Ecatepec.
Tres años antes habían secuestrado en este mismo municipio a Óscar, un estudiante de bachillerato. Sus captores exigieron un rescate de 50 mil pesos. La madre de Óscar no tenía esa cantidad, y no tenía tampoco posibilidades de obtenerla.
Después de la negociación, la mujer logró que le devolvieran a Óscar a cambio de una televisión vieja, un Topaz de los años 90 y tres mil pesos que sacó de un cajero.
Desde hace una década se disparó el secuestro de migrantes en México. Se han cumplido diez años del secuestro y asesinato de 72 de ellos en San Fernando, Tamaulipas. Cuatro años más tarde, en 2014, se documentaron 652 casos de secuestro solo en ese estado.
El crimen organizado había encontrado en los migrantes centroamericanos una fuente continua de ingresos: la regla general era exigir a sus familiares mil dólares por cada uno.
La Encuesta Nacional de Victimización publicada por el Inegi, indica que en 2017 ocurrieron todos los días 200 secuestros en el país. Al año siguiente se registraron 81,966 (la encuesta incluye secuestro y secuestro exprés, y especifica que más de 62% dura menos de 24 horas).
En México “no secuestran a un pobre, secuestran al que tiene”, ha dicho, en otra declaración sumamente desafortunada, el presidente López Obrador. Sorprende en un hombre que se precia de conocer mejor que nadie el país.
Existen reportes que indican que al menos desde 2012 la Coordinación Nacional Antisecuestro advirtió que el objetivo de los secuestradores había variado, que había dejado de importar el estrato social de las víctimas, y que incluso había descendido el secuestro de alto impacto.
Los secuestrados eran ahora taxistas, comerciantes, profesionistas, empleados…
La declaración del presidente revela que se le escapa la realidad del secuestro: que para él se trata de un problema de “los que tienen”. Esa cortedad de visión hace que el gobierno saque de foco un grave problema de criminalidad para llevarlo al tema de los ricos, los pobres y la injusticia. Lamento informar que las instituciones de seguridad tienen otros datos: desde hace una década, cualquiera puede ser víctima de un secuestro
