Por primera vez en la historia, una empresa fabricante de armas de fuego, Remington Arms, aceptó ser legalmente responsable por el tiroteo masivo de 2012 donde se utilizó una de sus armas.
En lo que podría ser un antecedente positivo para la demanda del gobierno mexicano contra las empresas fabricantes de armas, Remington Arms aceptó su responsabilidad en la masacre ocurrida en diciembre de 2012, donde doce niñas, ocho niños y ocho mujeres adultas fueron asesinados por un joven de 20 años durante el tiroteo dentro de la escuela primaria de Sandy Hook, en Newtown, Connecticut.
Las familias de algunas de las víctimas acusaron a la empresa de armas en 2014 de vender a consumidores civiles rifles de asalto parecidos a los de uso militar y dar prioridad a sus ganancias por encima de los riesgos que esta comercialización de armas representa para la seguridad pública. Como resultado, por primera vez en la historia de los Estados Unidos, una empresa fabricante de armas de fuego es responsabilizada legalmente por un tiroteo donde se usó una de sus armas.
Remington Arms pagará 73 millones de dólares a las familias de nueve de las víctimas del tiroteo en Sandy Hook, cuando Adam Lanza utilizó un rifle estilo BushmasterAR-15, fabricado por Remington, para disparar y matar a 20 niños de entre seis y siete años, además de ocho maestras y educadoras. Además, la compañía fabricante de armas aceptó la divulgación de documentos que muestran cómo se comercializó el rifle, con el objetivo de prevenir futuros tiroteos masivos. Mientras tanto, en Massachusetts, un juez federal otorgó una prórroga de un mes empresas fabricantes de armas para responder a la demanda del gobierno mexicano, las cuales continuarán su defensa en bloque.
“El logro de las víctimas de Sandy Hook debe poner en alerta a los inversionistas de empresas que fabrican y distribuyen armas, así como las empresas aseguradoras que les sirven, sobre el daño económico que enfrentan por sus prácticas comerciales negligentes”, declaró Alejandro Celorio, consultor jurídico de la Secretaría de Relaciones Exteriores.
Con información de La Jornada y Milenio
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