Un juez peruano declaró infundado este lunes el pedido de la Fiscalía para que la candidata Keiko Fujimori vaya a prisión por acusaciones de lavado de dinero, esto, mientras el país acaba de pasar la temporada de elecciones presidenciales.
La candidata presidencial está acusada de lavar millones de dólares recibidos de la constructora brasileña Odebrecht y de figuras de la élite de Perú que presuntamente le otorgaron efectivo en maletas para sus campañas presidenciales de 2011 y 2016, en las que perdió de manera consecutiva.
La derechista Fujimori no ha aceptado su derrota ante el candidato izquierdista Pedro Castillo luego que, tras el conteo de todas las actas electorales durante la segunda vuelta presidencial del 6 de junio, Castillo terminó primero con 50,125% y 44.058 votos de ventaja.
Fujimori que quedó con 49,875% de la votación extendió la incertidumbre electoral tras pedir anular 200 mil votos de Castillo, a quien acusa sin pruebas de orquestar un “fraude”.
La fiscalía demostró que Fujimori se comunicó con dos testigos del caso de lavado. Uno es el vocero de su campaña y la otra es una excandidata a la alcaldía de Lima, Lourdes Flores. Ambos han defendido en los últimos días a Fujimori en su cruzada por asegurar de que hubo un fraude en las recientes elecciones.
Lourdes Flores además está bajo investigación fiscal por recibir dinero de Odebrecht para su campaña municipal en 2010, según afirman funcionarios de la constructora.
Si Fujimori pierde las elecciones presidenciales, empezará un juicio por lavado de activos cuyos efectos podrían ser devastadores para la candidata, su esposo y su partido político Fuerza Popular.
Si pierde los comicios la candidata no podrá cumplir con una de sus promesas de campaña: liberar a su padre, el expresidente Alberto Fujimori, condenado a 25 años de cárcel por corrupción y por ser autor intelectual en el asesinato de 25 peruanos por militares financiados por su gestión (1990-2000) que mataban en secreto a civiles.
En cambio, si ella finalmente gana las elecciones su juicio se congelará por cinco años mientras dure su mandato debido a que un presidente no puede tener juicios activos durante su gestión.
Con información de AP
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