2023 ha sido testigo de 427 masacres en México

Alarmante aumento de masacres y atrocidades en México: un análisis de Causa en Común

En un México azotado por la violencia, 2023 ha sido testigo de 427 masacres -definidas como asesinato de tres o más personas en un mismo hecho violento-, un número alarmante que eleva a 2,130 el total desde enero de 2020. La asociación civil Causa en Común, en su informe ‘Galería del horror: atrocidades y eventos de alto impacto registrados en medios periodísticos’, ha documentado esta escalada, mostrando cómo la violencia se ha enraizado en el tejido social del país.

Desde 2020 hasta el tercer trimestre de 2023, Causa en Común había registrado 22 mil 930 ‘atrocidades‘, eventos que incluyen, además de masacres, hallazgos de fosas clandestinas, acciones de trata de personas, tortura, calcinamiento, violencia contra migrantes o asesinato de niños y adolescentes.

Estados más afectados por la violencia

Guanajuato, Zacatecas y Guerrero se destacan como los estados más golpeados por esta ola de violencia. Con 57, 43 y 41 masacres respectivamente, estas regiones representan el epicentro de un fenómeno preocupante que define la actualidad de la nación mexicana.

Atrocidades más allá de las masacres

La definición de “atrocidad” utilizada por Causa en Común abarca una gama amplia de actos violentos, incluyendo torturas, mutilaciones y asesinatos de personas vulnerables. Entre enero y septiembre de 2023, se reportaron 5,000 crímenes extremos, reflejando una realidad perturbadora en México.

Datos estremecedores: tortura y mutilación

Los datos del informe son escalofriantes: 1,435 casos de tortura, 496 de mutilación y descuartizamiento, y 355 masacres registradas en menos de un año. Estas cifras, que equivalen a un promedio de 18 atrocidades diarias, evidencian un incremento del 22% y 12% respecto a 2021 y 2022, respectivamente.

Violencia extrema contra mujeres y menores

La situación es especialmente grave en lo que respecta a la violencia contra mujeres y menores. Con 729 casos de asesinatos crueles de mujeres y 208 de niños y adolescentes, la emergencia social se hace patente. Este tipo de violencia pone en evidencia no solo la degradación de la seguridad sino también la del tejido social en México.

Diversificación de las atrocidades

Además de las masacres, México enfrenta un aumento en violaciones agravadas, calcinamientos y desplazamientos forzados. Estos actos de barbarie no se limitan a unas pocas regiones, sino que abarcan todo el país, con Chihuahua, Baja California, Guerrero, Morelos y Jalisco entre las entidades más afectadas.

Propuestas para combatir la violencia

Ante esta realidad desoladora, Causa en Común propone varias medidas. Se insta a las comunidades y a los gobiernos locales y federales a comprometerse con la resolución de estos casos mediante investigaciones exhaustivas. La necesidad de aproximaciones sociológicas y psicológicas que complementen los enfoques policiales es crucial para entender y combatir las raíces de la violencia.

Fortalecimiento de estructuras y atención a víctimas

Es imperativo fortalecer las estructuras del sector salud, incluyendo la atención psicológica especializada, para abordar las secuelas de la violencia. Además, se subraya la importancia de dotar de recursos a entidades como la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y la Comisión Nacional de Búsqueda.

Financiamiento y alianzas estratégicas

Causa en Común hace un llamado a financiar proyectos que documenten y expliquen la violencia en México, lo que puede llevar a propuestas efectivas para prevenir y atender la criminalidad. La formación de alianzas estratégicas con la sociedad civil, la iniciativa privada y los gobiernos es vital para desarrollar programas y proyectos de seguridad que respondan a las realidades locales.

Un reto nacional urgente

La situación en México requiere una respuesta integral y multidimensional. La suma de esfuerzos entre ciudadanos, organizaciones y gobiernos es crucial para enfrentar y superar esta ola de violencia y atrocidades. La lucha contra este flagelo no solo es una cuestión de seguridad pública, sino también de justicia social y derechos humanos.

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