prisión preventiva
Más de 4,000 presuntos narcotraficantes que están detenidos sin sentencia podrían ser liberados si la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declara inconstitucional la prisión preventiva oficiosa. Esta decisión alcanzaría a un significativo número de reclusos que forman parte de algunos de los cárteles más peligrosos de México.
Según datos del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social (OADPRS), hasta marzo de este año había 20,628 personas en penales federales, de las cuales 11,823 están vinculadas a la delincuencia organizada. Esto significa que el 57% de los internos están relacionados con actividades del narcotráfico.
El cártel de Los Zetas encabeza la lista con 1,536 miembros encarcelados, aunque su poder ha disminuido en los últimos años. Le siguen:
Gerardo Rodríguez, profesor del Departamento de Relaciones Internacionales y Ciencia Política de la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP), advirtió sobre las posibles consecuencias de liberar a estos reclusos.
“Existe una altísima probabilidad de que estos presos se reincorporen a alguna banda criminal, no necesariamente a la que estuvieron antes de ser aprehendidos, porque muchos de ellos no saben hacer otra cosa”, explicó.
Rodríguez también considera que la eliminación de la prisión preventiva oficiosa por parte de la SCJN no será inmediata. Señaló que esta medida refleja la presencia de criminales que han sido detenidos en administraciones pasadas y que la actual política del gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha continuado con la captura de generadores de violencia a través del Ejército y el Centro Nacional de Inteligencia.
Además de los cárteles más grandes, otras organizaciones con miembros en prisión incluyen:
Además de varios otros grupos con menos de 200 integrantes cada uno. Estos datos evidencian la diversidad y la extensión del crimen organizado en México.
La posible liberación de estos reclusos plantea serios retos para la seguridad pública y el sistema de justicia en el país, que debe balancear los derechos humanos con la necesidad de mantener el orden y la seguridad. La decisión de la SCJN será crucial en este complejo escenario, marcando un punto decisivo en la estrategia nacional contra el crimen organizado.
Según datos del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social (OADPRS), obtenidos mediante una solicitud de información (folio 330024024000091), el 29% de los internos en penales federales no han sido sentenciados. Entre aquellos vinculados al narcotráfico y la delincuencia organizada, esta cifra asciende al 35%. Es decir, 4,170 de los 6,041 presos sin sentencia pertenecen a algún cártel.
“Este no es un número menor”, señala Gerardo Rodríguez. “En la antesala del debate sobre la prisión preventiva oficiosa, creo que estos datos deben ser considerados.”
La SCJN está a punto de resolver sobre la desaparición de la prisión preventiva oficiosa del sistema de justicia penal, un mandato de la CIDH emitido en 2023. Aunque esto no significaría una liberación inmediata de todos los presos, sí permitiría que los abogados soliciten a los jueces la revisión de la medida cautelar para que sus clientes puedan llevar el juicio en libertad.
La prisión preventiva oficiosa, contemplada en el artículo 19 de la Constitución, permite el encarcelamiento automático de quienes son acusados de 16 delitos de alto impacto, incluyendo delincuencia organizada, secuestro y homicidio doloso. Su objetivo es evitar la fuga del acusado durante el juicio y proteger a víctimas, testigos y jueces.
Los opositores a esta medida argumentan que viola la presunción de inocencia, afectando principalmente a los más pobres que no pueden costear una buena defensa. Lo que lleva a muchos a pasar años en prisión sin sentencia. La CIDH reiter que la prisión preventiva oficiosa en México viola el principio de presunción de inocencia y debe ser utilizada solo en casos excepcionales.
Ante esta situación, todos los gobernadores y el jefe de gobierno de la Ciudad de México, sin distinción de partido político, solicitaron a la SCJN no declarar inconstitucional esta medida a través de un recurso de Amicus Curiae. Argumentan que eliminar la prisión preventiva oficiosa “impactará directamente en la seguridad y gobernabilidad del país”.
El presidente Andrés Manuel López Obrador ha defendido firmemente la prisión preventiva como herramienta para combatir la delincuencia. Por ello, ha instado a la SCJN a no aprobar el cambio, advirtiendo que significaría impunidad. La secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, alertó sobre la posible liberación de 68,000 presuntos delincuentes de los ámbitos federal y estatal.
“Vemos un riesgo para la población en su conjunto ante la posibilidad de la comisión de nuevos delitos, un riesgo para la seguridad nacional, ya que se trata de individuos presuntamente asociados a grupos del crimen organizado con capacidad económica y operativa, incluso con alto riesgo de fuga”, afirmó Alcalde.
Te recomendamos leer: ¿Qué significa para la ciudadanía la eliminación del arraigo y la prisión preventiva?
Con información de Milenio.
Ya llegó junio, mes del Orgullo LGBTTTIQ+ y la Secretaría de Cultura de la Ciudad…
Este miércoles 5 de junio de 2024, el programa “Hoy No Circula” entrará en vigor…
Este martes 4 de junio, el programa "Hoy No Circula" continúa vigente en la Ciudad…
En una jornada electoral sin precedentes, México vivió las mayores elecciones de su historia, con…
La candidata de la coalición PAN-PRI-PRD, Xóchitl Gálvez, agradeció a sus simpatizantes y a los…
Tras las elecciones del 2 de junio en México, un fenómeno preocupante ha emergido entre…
Esta web usa cookies.