La comunidad de productores de limón en los municipios de Apatzingán y Buenavista se ha visto afectada por la presencia del crimen organizado en la región. Ahora, grupos de la delincuencia organizada anunciaron un aumento drástico en el cobro de piso a los agricultores. Esto ha resultado en la suspensión del corte y venta del cítrico desde la semana pasada, dejando en suspenso la principal actividad económica de estos lugares y provocando su alza en el precio.
El incremento en el cobro de piso, que pasó de 20 centavos a un peso por kilo de limón, ha dejado a los productores en una situación de vulnerabilidad económica. Esto se traduce a mil pesos por cada tonelada. Apatzingán y Buenavista son los únicos municipios que cultivan el fruto en más de 42 mil hectáreas, por lo que la suspensión de la actividad tiene un impacto significativo en la economía local y regional.
El kilo de limón se vende en las empacadoras a un precio de 7 pesos, mientras que la caja de 20 kilogramos se comercializa en 12 pesos. Sin embargo, los precios varían en cada municipio y pueden cambiar diariamente, según lo han comentado los propios productores de la región.
El presidente municipal de Buenavista, Sergio Báez, miembro del partido Morena, informó que desde el 16 de agosto pasado varias empacadoras en las tenencias de Santa Ana Amatlán y Pinzándaro no han abierto sus puertas. Esta situación ha dejado a los agricultores en una posición complicada, ya que muchas de las empacadoras en la región están bajo la influencia del crimen organizado, lo que impacta en la toma de decisiones sobre cuándo ya qué precio se corta y se comercializa el cítrico.
La relación entre el crimen organizado y la producción de limón ha sido denunciada en repetidas ocasiones, incluso por Hipólito Mora, ex líder del grupo de autodefensa de La Ruana, quien también era productor de limón y recientemente falleció. Según los testimonios de los agricultores, el crimen organiza un control significativo sobre la cadena de producción, imponiendo condiciones y tarifas a su conveniencia.
Durante los últimos 13 años, los productores de limón en los municipios de Parácuaro, Aguililla, Múgica, Tepalcatepec, Apatzingán y Buenavista, han enfrentado la constante presión del crimen organizado, que ha impuesto un sistema de cobro de cuotas a cambio de permitir la actividad de corte y venta de este cítrico. Esta práctica ha afectado gravemente la economía y seguridad de la región, dejando un rastro de influencia delictiva en la cadena de producción.
El grupo delictivo La Familia Michoacana marcó el inicio de este patrón hace aproximadamente 13 años, exigiendo cuotas a los productores de limón en la región. A lo largo de los años, diversos grupos criminales han continuado con esta práctica, incluyendo a Los Templarios , el Cártel Jalisco Nueva Generación y actualmente Los Viagras . Esta constante rotación de grupos ha mantenido a los productores bajo la amenaza del crimen organizado.
En 2010, Jesús “El Chango” Méndez , líder de La Familia, tomó el control de la región y estableció severas restricciones en la actividad de corte de limón. Los productores solo podrían cortar el cítrico en horarios y días específicos, bajo la amenaza de sanciones económicas y físicas. A lo largo de los años, esta práctica ha evolucionado y ha llevado a la suspensión de actividades en numerosas empacadoras en la región.
Buenavista , uno de los municipios más afectados, ha experimentado un ciclo de deterioro de la seguridad desde el levantamiento armado de grupos de autodefensa en 2013. Grupos civiles asumieron roles que correspondían al gobierno, desencadenando una distorsión en el tejido social y la seguridad pública.
El alcalde de Buenavista, Sergio Báez , señaló que tras el levantamiento de las autodefensas, la llegada de fuerzas externas y el auge del crimen organizado han creado un ambiente de miedo y fuerza. Incluso, en algunas tenencias, la policía local fue desplazada por estos grupos criminales. La situación ha llevado a un estancamiento económico y a la suspensión de actividades en gran parte de las empacadoras locales.
La Fiscalía General del Estado de Michoacán ha dado a conocer que se han abierto 120 carpetas de investigación por el delito de extorsión en contra de productores de limón, expendedores de tortillas y carniceros en la región. Estos actos ilícitos muestran indicios de la participación de la delincuencia organizada, según señaló la Fiscalía.
El fiscal estatal, Adrián López Solís, informó a medios locales que existe evidencia de que los responsables de estas extorsiones están vinculados a un grupo delictivo en particular. Sin embargo, debido a que la investigación se encuentra bajo reserva, no se proporcionarán detalles adicionales al respecto.
López Solís explicó que el repunte de la extorsión en la región se debe a cambios en la forma en que se inician las carpetas de investigación. Ahora, basta con la denuncia del hecho o incluso información obtenida de fuentes abiertas para iniciar el proceso. Además, la consumación del delito no es necesaria, ya que la intención de cometerlo, acompañada de amenazas físicas o psicológicas, es suficiente para configurar el ilícito.
La creciente incidencia de extorsiones ha tenido un impacto significativo en la economía local. A una semana de que los productores de limón suspendieron sus actividades como protesta, el precio del cítrico ha aumentado de manera notable. Un recorrido por los mercados de Morelia, la capital de Michoacán, revela que el precio del limón ha pasado de los 20-25 pesos por kilogramo a alrededor de 40-45 pesos. Además, se ha observado que el precio no se muestra públicamente.
El incremento en el precio del limón, así como la posible escasez del mismo, podría acentuarse en las próximas semanas si la situación en la región de Tierra Caliente no se resuelve. El conflicto entre los productores y la presión del crimen organizado han creado un ambiente de incertidumbre en la producción y comercialización del cítrico en Michoacán.
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Con información de Milenio y La Jornada.
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