En una decisión histórica y con repercusiones significativas para el panorama político de México, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha votado a favor de la invalidez del Plan B electoral propuesto por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Con un resultado dividido de 9 votos a favor del proyecto de invalidez y 2 votos en contra, la SCJN marca un hito en la jurisprudencia electoral del país.
El Plan B electoral, impulsado por el presidente López Obrador, buscaba introducir diversas reformas en la legislación electoral, con el objetivo de modificar el proceso electoral y otorgar mayores atribuciones al Ejecutivo en la organización y supervisión de los comicios. Sin embargo, la SCJN ha considerado que estas modificaciones infringían principios constitucionales fundamentales y ponían en riesgo la autonomía y la imparcialidad de los órganos electorales.
La votación de la SCJN refleja la polarización existente en el país respecto a las políticas y acciones del presidente López Obrador. Mientras que los nueve ministros que votaron a favor de la invalidez argumentaron la necesidad de preservar la integridad del proceso electoral y el respeto a los principios democráticos, los dos votos en contra defendieron la capacidad del presidente para impulsar reformas que consideraran necesarias para el país.
Uno de los votos a favor de la invalidez fue el del ministro Arturo Zaldívar, quien manifestó que discutir la violación a los procedimientos legislativos era una situación particularmente delicada, ya que existe el riesgo de incurrir en una invasión de poderes. Señaló que si el debate se llevó a cabo respetando las reglas y permitiendo la participación de las minorías y mayorías, la invalidación de una ley podría afectar la integración del órgano legislativo decidido por la ciudadanía en las urnas y darle a las minorías lo que no pudieron ganar en las elecciones.
Por su parte, la ministra presidenta Norma Lucía Piña anunció un voto concurrente y expresó estar de acuerdo con el proyecto, argumentando la importancia de tener congruencia en las decisiones judiciales y destacando la necesidad de que los legisladores conozcan a fondo las iniciativas que van a legislar.
En su exposición, el ministro Alberto Pérez Dayán, quien formuló el proyecto que invalidó el Plan B electoral, se pronunció a favor de la invalidez del mismo. Hizo hincapié en que no esquivará su deber de examinar la constitucionalidad de cualquier disposición legal y señaló que lo que se analizan no son simples formas, sino reglas que la democracia constitucional estableció para dar validez al orden jurídico nacional.
El ministro Luis María Aguilar también se pronunció a favor de la invalidez del Plan B electoral, argumentando que se encontraban acreditadas múltiples violaciones al procedimiento legislativo que, en su conjunto, vulneraban los principios constitucionales de la democracia mexicana. Para él, no respetar las reglas del procedimiento legislativo era una deslealtad constitucional.
Sin embargo, no todos los ministros estuvieron de acuerdo con la invalidez del Plan B electoral. La ministra Yasmín Esquivel Mossa se pronunció en contra de la invalidez, criticando que no se haya analizado si las reformas estaban apegadas a la Constitución. Consideró que al no abordar el fondo del asunto, se le resta seriedad a la Suprema Corte y acusó que esta práctica se está volviendo cada vez más recurrente.
La ministra Loretta Ortiz también se pronunció en contra de la invalidez, argumentando que no compartía que las irregularidades señaladas tuvieran un potencial invalidante sobre la normativa. Afirmó que lo importante era analizar el desarrollo del debate en cada caso concreto y que, en este caso, se había realizado el debate en el Pleno de la Cámara de Diputados, lo que demostraba que se conocía el contenido de la iniciativa y que los legisladores tuvieron la posibilidad de posicionarse.
El ministro Juan Luis Aclántara Carrancá, propuesto por el presidente López Obrador, se pronunció a favor de la invalidez del decreto impugnado por violaciones al procedimiento legislativo, argumentando que esta segunda parte del Plan B electoral presentaba los mismos vicios legislativos que ya se habían analizado anteriormente.
El ministro ponente Javier Laynez Potisek expuso el proyecto que proponía la invalidez de la segunda parte del Plan B electoral, basándose en criterios utilizados en la invalidez de la primera parte. Además, destacó otras violaciones al procedimiento parlamentario, como las dispensas de trámites para su discusión en comisiones y la falta de publicación oportuna del dictamen de la reforma.
La decisión de la SCJN ha generado un gran impacto en el ámbito político y electoral, ya que implica un revés para el presidente López Obrador y su gobierno. Además, pone en relieve el papel fundamental de la Suprema Corte como garante del Estado de derecho y la separación de poderes en México.
Cabe mencionar que, previamente, el tribunal pleno de la SCJN aprobó la legitimación del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) y los partidos de oposición para impugnar la segunda parte del Plan B electoral, otorgando a estas instituciones y actores políticos un espacio para presentar sus argumentos y cuestionamientos.
El Plan B “infringía principios constitucionales”
El Plan B electoral, presentado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, buscaba modificar ciertos aspectos del proceso electoral y otorgar mayores facultades al Ejecutivo en la organización y supervisión de las elecciones. Entre las propuestas más controvertidas se encontraban la implementación de mecanismos de revocación de mandato, la concentración de funciones en la Secretaría de Gobernación y la reducción del presupuesto de los partidos políticos.
Sin embargo, los ministros de la SCJN consideraron que dichas modificaciones infringían principios constitucionales fundamentales, tales como la división de poderes y la autonomía de los órganos electorales. La mayoría de los magistrados consideraron que el Plan B electoral representaba una intromisión indebida del Ejecutivo en el ámbito electoral, lo que podría comprometer la imparcialidad y la transparencia de los comicios.
La decisión de la SCJN tiene implicaciones de largo alcance para el futuro del sistema electoral mexicano y para el equilibrio de poderes en el país. La independencia y autonomía de los órganos electorales se mantienen como pilares fundamentales para garantizar elecciones libres y justas, así como la confianza de la ciudadanía en el proceso democrático.
Esta resolución también pone de manifiesto la importancia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación como contrapeso institucional en el sistema político mexicano. Su papel como árbitro imparcial y garante de la Constitución se ha visto reafirmado con esta votación, demostrando la relevancia de su labor en la protección de los derechos y la defensa de los principios democráticos.
A partir de esta decisión, el presidente López Obrador y su gobierno enfrentarán nuevos desafíos en su relación con la SCJN y en la implementación de sus políticas. La necesidad de encontrar consensos y respetar los límites constitucionales se vuelve aún más apremiante para mantener el equilibrio y el funcionamiento adecuado de las instituciones democráticas.
