Más que una labor de diplomacia, lo que hizo el gobierno de México para obtener la liberación de Salvador Cienfuegos fue una extorsión. Según el periódico The Washington Post, los fiscales del caso decidieron cambiar de opinión debido a las “amenazas del gobierno mexicano para limitar el rol de la Administración de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) en territorio nacional”.
Cienfuegos, secretario de Defensa entre 2012 y 2018, fue aprehendido a mediados de octubre en el principal aeropuerto de Los Ángeles, acusado de facilitar la operación del cártel H-2, de los hermanos Beltrán Leyva.
Asimismo, un funcionario mexicano confirmó la posibilidad de que la DEA sea excluida del país, según el Post.
“La decisión de retirar los cargos en contra de Cienfuegos, equivale a un revés significativo, aunque solo sea simbólico, para los esfuerzos del Departamento de Justicia contra el tráfico de drogas en México”, escribió el medio.
A pesar de la promesa de que México investigará a cienfuegos, existe el riesgo de que esto no suceda. Según el periódico estadunidense, el Departamento de Justicia ha compartido pruebas incriminatorias con los fiscales mexicanos del caso; pese a ello “existe la posibilidad de que Cienfuegos permanezca libre, al menos por un tiempo”.
El Post sostiene que ello sería “un símbolo de la capacidad del gobierno mexicano para jugar fuerte con Estados Unidos y ganar”.
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