Autor: Arturo Sánchez
El IFE–INE está cerca de cumplir 30 años de existencia; ha organizado 10 elecciones federales y, desde 2014, participó en la organización de 194 elecciones locales, junto con los órganos electorales de las 32 entidades. Sin duda, el saldo es positivo. Esta historia es producto de múltiples reformas legales que, elección tras elección, ajustaron las normas conforme evolucionó la pluralidad de los actores y se atendieron nuevos fenómenos y formas de hacer política.
El éxito del INE ha consistido en la defensa a ultranza de su autonomía e independencia. El carácter colegiado de su Consejo General y la pluralidad de puntos de vista en la composición de este órgano garantiza que sea la deliberación y construcción de consensos los que rijan el desempeño de la Institución. Además, en caso de cualquier interpretación errónea de la ley o de situaciones no previstas, otro órgano colegiado, la Sala Superior del Tribunal Electoral, corrige decisiones y reorienta los procedimientos. Cualquier intromisión externa en esta ecuación rompería los cimientos y la lógica de la imparcialidad.
Recientemente, el INE recibió una solicitud de la Secretaría de Gobernación para que se le entregara la información y los datos biométricos que todos los mexicanos confiamos al Registro Federal de Electores, para emitir nuestra credencial para votar. El INE se negó. No quedaba claro para qué se requería dicha información que constituye la base del Padrón Electoral y no pocos leyeron la solicitud como una intromisión indebida en el INE. Después de diálogos e intercambios, el presidente López Obrador mandó antier una excelente señal en la mañanera: dio instrucciones a la Segob para que no insista en obtener esa información. ¡Enhorabuena!
Con todo, queda una huella de duda que hace temer por la autonomía e independencia del INE. Los contenidos de diversas iniciativas para una reforma electoral afectarían al INE en su capacidad de gestión autónoma. En especial, cuando se habla de modificar la elección o rotación de la Presidencia del Consejo General, entre otros temas. En la historia de las reformas electorales, es la primera vez que el partido en el poder promueve los cambios. Es la oposición la que, después de una elección, busca ajustar las normas para corregir procedimientos. En este caso es al revés y ello llama a preguntarnos ¿para qué quisiera este gobierno cambiar las reglas electorales que les permitieron llegar legítimamente al poder?
Una posible respuesta es la promesa de reducir el financiamiento de los partidos políticos. El problema es generar el consenso necesario. No será fácil, y menos si se agregan temas que pudieran afectar el equilibrio de 30 años de elecciones que, más allá de las críticas, han mantenido la estabilidad en el cambio de poderes.
El límite para realizar reformas que aplicaran en 2021, vence el 31 de mayo, dentro de 122 días. Habría que llamar a la prudencia que mostró el Presidente en la mañanera de antier y construir el consenso para realizar cambios adecuados y no generar problemas donde no los hay.
