Por Gabriela Rivera
En los primeros 18 meses del gobierno de Andrés Manuel López Obrador continuaron las violaciones a los derechos humanos: asesinatos, desapariciones, feminicidios y violencia contra las mujeres, secuestros, tortura y masacres, todos hechos que atentan contra los derechos humanos de los mexicanos.
El día de su toma de protesta como Presidente, el ahora mandatario enlistó una serie de 45 compromisos que serán cumplidos a lo largo de su administración.
“No se violarán los Derechos Humanos y se castigará con rigor a quienes violen derechos humanos, no habrá tortura en nuestro país, ninguna de esas infamias se van a cometer en México”, dijo López Obrador aquel 1 de julio de 2018 en el Zócalo capitalino.
La promesa continuaba con la garantía de seguridad para la población y la reducción de crímenes contra la población durante los primeros años de gobierno.
Sin embargo, la realidad es otra: la violencia y la violación de los derechos humanos se han mantenido o en algunos casos se ha incrementado, según los reportes de las distintas dependencias y de organismos defensores.
En los distintos hechos, las organizaciones han señalado la omisión del gobierno federal en la acción para impartir justicia, castigar a los agresores y reparar el daño a las víctimas y a sus familias.
“El Gobierno Federal ha desplegado también una estrategia de omisión ante las graves violaciones a derechos humanos del pasado inmediato y una política de simulación para con los derechos a la memoria, verdad y justicia de las víctimas que, al menos de 2000 a 2018 sufrieron graves violaciones, al mismo tiempo que despliega un discurso que justifica su omisión ante las graves violaciones a derechos humanos que, justo ahora mismo, se cometen”, expresa el informe Defender los derechos humanos en México. La impunidad no termina. Informe de junio de 2019 a mayo de 2020,
Este documento, elaborado por ACUDDEH, el Comité Cerezo México y la Campaña Nacional contra la Desaparición Forzada, señala que en lo que va de la administración mil 990 defensores de derechos humanos han sido agredidas de distinta manera.
Sin embargo, ha habido un cambio en las violaciones: si bien en las administraciones anteriores los agresores eran las autoridades federales, en estos meses las cifras se han invertido y ahora son las autoridades estatales y municipales quienes lastiman a los activistas.
No obstante, la Guardia Nacional sigue siendo señalada como el principal agresor en contra de la población.
“Se siguen produciendo abusos contra migrantes y ataques contra periodistas independientes y defensores de derechos humanos y persisten las limitaciones en el acceso a los derechos sexuales y reproductivos”, dice el informe Informe Mundial 2020 de Human Right Watch (HRW).
El informe subraya que López Obrador creó la Guardia Nacional con ex militares retirados o fuera de servicio, muchos de ellos señalados por agresiones a la población mientras estaba adscritos a la milicia. Tan solo en el primer semestre de 2019 se reportaron 241 quejas sobre presuntos abusos militares.
“La Guardia Nacional no evita las violaciones a los derechos humanos en operativos conjuntos con fuerzas estatales. Se mantiene presente, pero ausente”, aseguró Alejandro Cerezo, sobre la nula respuesta de las autoridades federales a los hechos denunciados.
Tan solo la semana pasada, el periódico Reforma reportó 43 masacres ocurridas este año, en la que han fallecido alrededor de 320 personas en 20 entidades de la República Mexicana.
Esto a pesar de que el presidente aseguró en su Segundo Informe de Gobierno que “ya no hay torturas, desapariciones ni masacres; se respetan los derechos humanos y se castiga al culpable sea quien sea”.
Pero el recuento de Reforma recuerda el asesinato a 10 músicos en Chilapa, Guerrero, que fueron emboscados por el grupo criminal Los Ardillos, así como el asesinato de 7 adultos y dos menores en un velorio en Morelos, y los 17 indigenas asesinados en un reten ubicado en San Mateo del Mar, Oaxaca.
Y mientras todo esto sigue ocurriendo, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) enfrenta una crisis de reconocimiento. Todo comenzó con la elección de Rosario Piedra Ibarra como la nueva ombduspersona, en medio de un proceso impugnado por la oposición en el Congreso de la Unión y las distintas organizaciones defensoras de derechos humanos.
Los panistas impugnar la elección ante el Vigésimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, quien ordenó investigar la votación. En tanto, la semana pasada, la segunda sala de Suprema Corte de Justicia de la Nación atrajo el amparo que promovió el senador Emilio Álvarez Icaza contra la elección de Piedra Ibarra.
A esto se suma la toma de las instalaciones de la CNDH en el Centro Histórico de la CDMX, así como los enfrentamientos con las autoridades estatales que se han suscitado en otras entidades y que el gobierno insiste en minimizar.
No obstante, el presidente asegura que se han cumplido los compromisos en materia de derechos humanos y el país avanza en este tema.
