Las cosas en Puebla no andan nada bien. El gobernador morenista, Miguel Ángel Barbosa, ha mostrado una y otra vez su intolerancia a la gente que critica su labor.
En esta ocasión, por órdenes del gobernador, la Comisión Inspectora del Congreso local ordenó a la Auditoría Superior del Estado investigar el desempeño de los integrantes de Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción.
La comisión legislativa pidió que se hagan inspecciones y auditorías para verificar “el correcto ejercicio de los recursos públicos que se destinan al pago de honorarios de los integrantes del Comité de Participación Ciudadana”.
Además no se descarta llamar a comparecer a los comisionados para “conocer su trabajo”.
Hace casi un mes, los integrantes del Comité de Participación Ciudadana denunciaron en rueda de prensa que interpusieron cinco juicios de amparo por la retención de 71% de sus salarios, medida ordenada por la Secretaría de la Función Pública del estado desde enero.
De los cinco integrantes del Comité Ciudadano, tres de ellos ganaron ya los amparos, pero hasta ahora sólo les han cubierto 29% de los salarios que legalmente tienen asignados.
Por su parte, Barbosa Huerta ha acusado a los integrantes del órgano autónomo de no desquitar sus sueldos, y ha dicho que está compuesto por personas ligadas al “morenovallismo puro”.
En junio, el Comité –respaldado por más de 50 organizaciones civiles, organismos empresariales y medios de comunicación– pidió al gobernador transparentar el manejo de recursos para atender la pandemia de covid-19.
La organización Puebla Contra la Corrupción y la Impunidad (PCCI) emitió un comunicado el 14 de noviembre, en el que exigió a Barbosa fortalecer el SEAS y dejar de hostigar a los integrantes del Comité de Participación Ciudadana.
Añadió: “En Puebla no existe la voluntad política del Comité Coordinador ni del gobierno del estado para combatir la corrupción ni la impunidad”.
