Estado de México, Nuevo León y CDMX son las entidades que reciben el doble de denuncias por prácticas de aborto que por asesinatos de mujeres.
Abortar ya no es un crimen: SCJN
En septiembre de 2021 la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró, en una sesión histórica, inconstitucional criminalizar a las mujeres que interrumpen el embarazo. No obstante que el aborto es un derecho humano, persiste en ciertos sectores sociales, religiosos y del área médica oposición a que las mujeres decidan sobre sus cuerpos.
De acuerdo con un cruce de datos basado en cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), en el Estado de México hay 165 carpetas de investigación por aborto contra 157 indagaciones de feminicidio. Le sigue Nuevo León, con 128 versus 71, y Ciudad de México, donde la interrupción del embarazo es legal hasta las 12.6 semanas de gestación, hay 112 procesos por aborto frente a 71 por feminicidio.
A nivel nacional, la diferencia es de 26.4 por ciento: entre enero de 2020 y el primer mes de este 2022 se abrieron mil 41 investigaciones por feminicidio y 766 por aborto.
La situación ha encendido las alarmas entre feministas y defensoras de derechos humanos, en un contexto en el que se cometen más de 10 feminicidios al día. De hecho, 22 estados se encuentran en alerta de violencia de género.
Otros estados de esta lista son Tamaulipas, con 46 abortos versus cinco feminicidios; Querétaro, 39 frente a nueve; Baja California, 38 versus 20; Aguscalientes, 16 frente a 11, y Baja California Sur, 14 versus ocho.
Vigente la misoginia y el machismo en la sociedad
Melissa Ayala García, coordinadora de Documentación y Litigio del Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE), aseguró que la persecución del delito de aborto es resultado de la falta de voluntad de los gobiernos para educar y hacer cambios desde la sociedad.
“Es un reflejo muy importante de ciertas prioridades por parte de los estados, en donde resulta mucho más sencillo criminalizar a una mujer, que realmente capacitar y hacer cambios estructurales para evitar que siga ocurriendo este fenómeno del feminicidio”.
El aborto, está considerado por el SESNSP como parte de los delitos que atentan contra la vida y la integridad, aun en las seis entidades donde es legal la práctica.
Dependiendo del estado, los derechos de las mujeres para decidir sobre su cuerpo son más o menos amplios, lo que puede dejar cabida a la persecución y condena.
Por ejemplo, como el aborto no es un delito que se sigue de oficio, sino que alguien debe denunciarlo, por lo tanto, las mujeres que necesitan esta intervención frecuentemente son señaladas por el personal de salud, que primero se niega a brindar la atención médica.
“En muchas ocasiones las y los médicos del personal de salud, aun cuando existe ya toda una normatividad que determina cómo se debe realizar este procedimiento, este servicio médico, no lo realiza”.
José Luis Gutiérrez Román, director de Asistencia Legal por los Derechos Humanos (Asilegal), señaló que hay casos en los que la mujer no se da cuenta que estaba embarazada hasta que ocurre la emergencia obstétrica, por lo que también se les llega a acusar de homicidio en razón de parentesco e incluso infanticidio, aun cuando no sea por elección sino accidental.
“Por el hecho de no haberse cuidado o no haber ido mensualmente a su clínica, ellas también son prácticamente acusadas por homicidio, alegando el deber de cuidado que ellas deberían de tener y el instinto materno; es decir, estas cuestiones de género que siempre se les quieren imponer a las mujeres”.
Además, estas circunstancias ocasionan que el proceso se lleve a cabo sin perspectiva de género lo que perjudica incluso más su situación jurídica.
Con información de Milenio.
