Este martes entró en vigor la llamada “Ley 3 de 3 contra la violencia”, que estipula que las personas responsables de delitos contra mujeres o deudoras alimentarias no puedan ocupar cargos públicos o de elección popular.
La Comisión Permanente del Congreso de la Unión remitió el pasado 24 de mayo la declaratoria constitucional de la reforma llamada “Ley 3 de 3 contra la violencia”, misma que se publicó este lunes en el Diario Oficial de la Federación (DOF) y entró en vigor a partir de hoy. La reforma modifica los artículos 38 y 102 de la Constitución para suspender los derechos políticos de aquellas personas que, por sentencia firme, sean responsables de delitos contra las mujeres, tales como:
Quienes cometan este tipo de delitos, ya sean hombres o mujeres, no podrán ser registrados como candidatos para cualquier cargo de elección popular y tampoco podrán ocupar cargos en el servicio público tanto a nivel federal, como estatal y municipal. Esta “ley 3 de 3” ya se aplicaba en algunas entidades del país, pero con variaciones, y se considera que la aprobada en el Congreso de Yucatán es una de las más avanzadas en la materia.
“Esta Ley es una realidad a pesar de todo y de todos, no olvidemos que fue la propia titular de la CNDH quien la impugnó; afortunadamente, hoy reconocemos y celebramos la lucha inagotable que protagonizaron muchas mujeres y que fueron acompañadas por grandes aliados“, escribió Laura Esquivel Torres, secretaria nacional de Promoción Política de la Mujer del CEN del PAN en su columna “Los violentadores de mujeres no podrán competir a cargos públicos”, publicada en El Heraldo de México.
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Tras la entrada en vigor de la “Ley 3 de 3 contra la violencia” este martes 30 de mayo, el Congreso de la Unión y las legislaturas de todos los estados tendrán 180 días para ajustar sus constituciones para dar cumplimiento al decreto. Con ello, esta reforma representará una modificación transversal de la ley en todos los órdenes de gobierno, así como en los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial.
De este manera, en ninguno de los tres órdenes de gobierno tendrá cabida algún agresor o deudor alimentario. Con ello, se busca transmitir a la sociedad el mensaje de cero tolerancia con la violencia en contra de mujer, niños, niños y adolescentes, a la par que el respeto a los principios de ética en el ejercicio del servicio público, de modo que se reformulen los criterios de responsabilidad institucional.
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Con información de El Heraldo de México
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