Los intocables. Una caricatura editorial sobre la impunidad política, los intereses de grupo y los obstáculos para que la justicia alcance al poder en México.
Por Demetrio Sodi
Se atribuye al presidente Benito Juárez la frase: «A los amigos, justicia y gracia; a los enemigos, la ley a secas». Aunque no hay certeza de que Juárez la haya pronunciado, Morena ha ido mucho más allá: para sus integrantes, los miembros del gobierno y del partido que ocupan los más altos cargos son inocentes y, por lo tanto, intocables.
Han pasado ya casi seis meses desde que el Departamento de Justicia de Estados Unidos solicitó al gobierno de México la extradición del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha; del senador Enrique Inzunza, y de otros ocho funcionarios. Sin embargo, no ha pasado nada. Más allá de las frecuentes acusaciones del presidente Donald Trump y de varios funcionarios de su gobierno sobre el control que ejerce la delincuencia organizada sobre el gobierno mexicano, así como de las amenazas de intervenir directamente en territorio nacional, la realidad es que Estados Unidos no ha ido más allá de las declaraciones y las advertencias. Lo más probable es que tampoco lo haga.
La presidenta Claudia Sheinbaum se ha salido con la suya y, bajo el argumento de defender la soberanía nacional, el gobierno de México no ha respondido a la solicitud de extradición y ha exigido que se presenten pruebas. Es probable que una parte importante de los elementos de que dispone el Departamento de Justicia estadounidense sean declaraciones de testigos protegidos. El problema es que, mientras esas declaraciones pueden tener valor probatorio en Estados Unidos, en México su alcance depende de los criterios de valoración del juez. Por tanto, incluso si se presentaran, no necesariamente serían suficientes para obtener las extradiciones.
Cada día resulta más evidente que el gobierno de México y la Fiscalía no tienen intención de investigar ni de hacer justicia en los casos de presunta corrupción y complicidad con la delincuencia organizada que involucran a funcionarios públicos y personas cercanas a Morena, a menos que exista una nueva presión de Estados Unidos. Morena funciona como las hermandades mafiosas: si cae uno, existe el riesgo de que caigan todos. Por eso, antes que la justicia, prevalece la defensa de los intereses comunes.
Siempre dudé de los analistas y periodistas que aseguraban conocer las listas que supuestamente tenía el gobierno estadounidense de funcionarios y miembros de Morena involucrados con la delincuencia organizada o que habrían recibido dinero de esta para financiar sus campañas. Muchos incluso difundían nombres y afirmaban que figuraban en esas listas, al tiempo que anunciaban que Washington las haría públicas en los días siguientes. La realidad es que asegurar la existencia de información no verificada y atribuirle una fuente oficial sin pruebas constituye una falta de rigor periodístico y de ética profesional.
Que existen legisladores, funcionarios y personas cercanas a Morena presuntamente involucrados en actos de corrupción y que habrían recibido dinero de la delincuencia organizada para sus campañas es una cuestión que debe investigarse a fondo. Sin la voluntad del gobierno y de la Fiscalía para actuar, sin embargo, difícilmente habrá consecuencias y los involucrados podrán seguir actuando con impunidad. Nunca se había conocido un desfalco al gobierno de las dimensiones del relacionado con el huachicol fiscal. Sin embargo, todo indica que las investigaciones difícilmente llegarán hasta los niveles más altos, incluido el del exsecretario de Marina.
Tampoco parece probable que las investigaciones avancen contra el senador Adán Augusto López Hernández, el exgobernador Rubén Rocha, las gobernadoras de Quintana Roo y Baja California, el empresario Amílcar Olán o alguno de los hijos de López Obrador, entre otros. No porque las responsabilidades de todos ellos estén demostradas, sino porque, mientras no exista voluntad política para investigar cualquier señalamiento con independencia de quién resulte involucrado, los intereses del grupo seguirán estando por encima de la justicia.
No está claro si la presidenta Claudia Sheinbaum no puede, no quiere o no le conviene actuar contra quienes forman parte de su propio movimiento. Lo que sí parece evidente es que su cercanía y dependencia política del expresidente Andrés Manuel López Obrador la mantienen paralizada ante estos casos.
Después de casi seis meses de la solicitud de extradición, el panorama parece claro: más allá de las declaraciones y amenazas contra el gobierno de México, es poco probable que Estados Unidos vaya más allá. Quienes esperamos que haya justicia en México y que la impunidad deje de ser la regla tendremos que resignarnos, al menos por ahora, a que los intocables sigan siendo intocables.
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