Aprueban reforma que permite a AMLO hacer propaganda electoral

El pasado 27 de diciembre se publicó una reforma a la Ley de Comunicación Social que permite al presidente Andrés Manuel López Obrador y a cualquier funcionario intervenir en las campañas y hacer propaganda electoral.

¿Dónde quedó el “¡Cállate, chachalaca!”?

Muy lejos quedaron los tiempos en que Andrés Manuel López Obrador reclamaba al expresidente Vicente Fox por intervenir en los procesos electorales que se llevaron a cabo durante su gobierno (2000-2006). Ahora es el propio López Obrador quien busca a toda costa intervenir, ya desde la presidencia, en todos los procesos electorales para favorecer a Morena.

Tanto así, que el pasado 27 de diciembre de 2022 se promulgó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el decreto de reforma de la Ley de Comunicación Social, que permite la intromisión de funcionarios y gobernantes en las elecciones, según reveló el consejero electoral Ciro Murayama en su columna “En marcha el plan B: dañar la equidad electoral”, publicada en el diario Reforma.

“El candidato López Obrador, con su peculiar manera, reclamaba que el presidente, ya en el poder, había intervenido en el proceso electoral de manera consciente y sistemática. Lo hizo sabiendo que violaba la Constitución“, escribió Rubén Aguilar Valenzuela en 2021, en el artículo “Cállate, chachalaca“, donde recuerda los contrastes entre el AMLO candidato y el AMLO presidente que hace campaña todos los días en sus conferencias mañaneras.

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¿Qué se modificó en la Ley de Comunicación Social?

Aunque el presidente López Obrador, cuando era candidato opositor al gobierno, fue uno de los principales impulsores de la veda electoral para acabar con la propaganda gubernamental y con la intervención en las elecciones por parte de funcionarios, lo que actualmente está plasmado en los artículos 41 y 134 constitucionales, “ahora, con un cambio en la legislación secundaria, buscan cubrir legalmente su intromisión en las elecciones por venir”, advierte Murayama.

“Otra trampa de la nueva ley está en el artículo 4 que establece: ‘no constituyen propaganda gubernamental las manifestaciones de las personas servidoras públicas que realicen en el uso de su libertad de expresión y en el ejercicio de sus funciones públicas'”.

El artículo 134 constitucional obliga a los gobernantes a “aplicar con imparcialidad los recursos públicos que están bajo su responsabilidad, sin influir en la equidad de la competencia entre los partidos” y la Ley de Comunicación Social busca regular las restricciones de este artículo. Sin embargo, la 4T busca que deje de ser una ley para regular al poder, alegando que gobernantes y demás funcionaros pueden meterse en las elecciones debido a “derecho de la ciudadanía a la información”, sin embargo, como recuerda Murayama en su columna:

La exposición de motivos de la reforma al 134 constitucional en 2007 definió con precisión: ‘La libertad de expresión es una garantía individual ante el Estado; los poderes públicos no están protegidos por la Constitución; son las personas, los ciudadanos, a los que la Constitución protege frente a eventuales abusos del poder público’.

A partir de ahora, solamente se considerará propaganda gubernamental aquella “con cargo al presupuesto público, etiquetado específicamente para ese fin por un ente público”, lo que dejará fuera todas aquellas acciones que se lleven a cabo con recursos públicos por el simple hecho de no estar etiquetadas como gasto de comunicación social.

“Ahora el presidente, los gobernadores, podrán atacar a partidos y candidatos de oposición, promover a los propios desde los actos públicos que encabecen, pues será “en el uso de su libertad de expresión” y como los recursos públicos que gasten en esas apariciones no se etiquetarán como propaganda, podrán dar rienda suelta a su intervención en plenas campañas electorales”, advierte el comunicador.

Con información de Reforma