Así lo planteó Jesús Ramírez, vocero de la presidencia de la República, para romper con el monopolio de la toma de decisiones.
Hace falta una reforma político-electoral
Ante los resultados del 6 de junio, Jesús Ramírez, vocero de presidencia de la República, declaró sentirse satisfecho pues demuestra un reconocimiento mayoritario de la ciudadanía al gobierno, en concreto al manejo de la pandemia.
Sin embargo, aceptó que el árbitro electoral pasó a convertirse en un actor dentro de la contienda cuestionando el actuar del presidente del país, lo que dejó una marca en la elección. En este sentido, aseguró que aunque es un buen organizador, se debe revisar nuevamente su papel en el sistema político.
Para ello, ve necesaria una reforma política-electoral que controle el excesivo presupuesto a los partidos, cambie el modelo de comunicación y toque el tema de las diputaciones plurinominales. El objetivo es hacerlo antes de que se celebren otras elecciones, no durante el curso de las mismas, como pasó este 2021 y que desembocó en una falta de imparcialidad.
La consulta debe ser moneda corriente
Destacó que la consulta es la entrada de los ciudadanos a los asuntos públicos.
Permite que en los temas de trascendencia nacional, local o sectorial puedan intervenir los ciudadanos, por lo que creo que ya es hora de dar ese paso. […] Por ejemplo, es la moneda corriente en otros países como Estados Unidos en donde cada elección, local o federal, hay consultas de todo tipo; desde aeropuertos hasta la legalización de la marihuana, por lo que es hora de que México pueda facilitar que las consultas se lleven a cabo.”
Al respecto, coincidió con los dichos del presidente sobre la incomodidad que genera al INE. “Tienen una cultura política muy vieja, de monopolio de la política en manos de los partidos, de los políticos y del gobierno. Eso ya es obsoleto.”
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México rezagado en mecanismos de democracia directa
Los mecanismos de democracia directa en Latinoamérica han sido implementados para consultar procesos de paz, acabar o legitimar dictaduras, reformar las constituciones para avalar la relección o poner fin a un marco legal heredado por regímenes militares.
En el caso de México aún no se reconoce en la legislación federal el plebiscito y referéndum, apenas en 2012 se oficializó la inclusión de la iniciativa popular en la Constitución. Su regulación en ley secundaria se avaló en el marco del Pacto por México en marzo de 2014.
Algunos de los casos emblemáticos en países de sudamérica están el caso de Chile en el que durante la dictadura de Augusto Pinochet, simuló una consulta a la población para “encabezar soberanamente el proceso de institucionalidad del país”. Sin garantías para verificar la votación ni control de los votantes, la aprobación fue de 78 %.
Caso similar, sucedió en Venezuela:
En 2004, mediante un referéndum revocatorio del mandato, Chávez inauguró esta modalidad ganando por un amplio margen de 58 por ciento a favor de su gestión. Tres años más tarde, se aventuró en una nueva consulta, en esa ocasión para reformar la Constitución que ampliaría las facultades presidenciales y allanaría la relección indefinida: fue una de las pocas derrotas del chavismo en las urnas, con un estrecho margen de 50.7 por 49.2 %.”
Con información de El Heraldo de México, La Jornada.
