Alejandro Encinas advierte que la nueva ley de la FGR no protege, garantiza ni respeta los derechos de las víctimas y de toda la población mexicana.
Diferencias en la #4T
Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, publicó este jueves una columna en el diario El Universal, titulada “Volver a la PGR”, en la que cuestiona la decisión de aprobar la Nueva Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República (FGR), lo que refleja las evidentes desavenencias que se gestan entre los miembros de la Cuarta Transformación.
De nada sirvieron los reclamos de las víctimas y de los colectivos que las agrupan, ni las opiniones de especialistas y organismos nacionales e internacionales de derechos humanos, para replantear algunos de sus contenidos”, lamenta el subsecretario.
Estos planteamientos recuerdan el caso del diputado de Morena, Porfirio Muñoz Ledo, quien se ha plantado firmemente en contra de la llamada Ley Zaldívar, a pesar del apoyo presidencial con el que cuenta la controversial reforma. Así, la columna del subsecretario Encinas, publicada este jueves 29 de abril, revela nuevamente que no todos los miembros de la 4T están de acuerdo y aceptan incondicionalmente las decisiones del actual gobierno:
La obligación constitucional del Estado es proteger, garantizar y respetar los derechos de las víctimas y de todas las personas ante violaciones a sus derechos humanos. El dictamen aprobado incumple con dichas obligaciones, y en contraparte malentiende la autonomía constitucional de la FGR, conculcando el derecho a la participación de las víctimas, al eliminar las obligaciones del ministerio público frente a éstas”.
Un retroceso para los derechos de las víctimas
De acuerdo con Encinas, la Comisión Nacional y las Comisiones Estatales de Búsqueda de Personas han manifestado que la nueva ley significa una regresión que cancela los derechos alcanzados por las víctimas frente al Ministerio Público.
Debilita las obligaciones de la FGR ante los mecanismos de derechos humanos; elude su responsabilidad con relación a las víctimas migrantes en el Mecanismo de Apoyo al Exterior, restringe la facultad de atracción y tergiversa la autonomía ministerial, regresando a una fiscalía vertical, cerrada a la ciudadanía y a la coordinación interinstitucional.
El funcionario destaca que, a pesar de que México es un país con más de 87 mil personas desaparecidas y 4 mil fosas clandestinas, la ley “desconoce los derechos a la verdad y a la justicia, creando nuevos obstáculos para la búsqueda de personas desaparecidas”. Advierte que niega “el derecho de toda persona a ser buscada, pues de acuerdo con la FGR su obligación de investigar no está relacionada con su obligación de búsqueda, lo que en nada contribuye a encarar la crisis humanitaria que enfrenta nuestro país”.
Con información de El Universal
