El pasado 25 de abril se aprobó una reforma para la eliminación del Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), hecho que deja en el aire muchas dudas y preguntas.
El Insabi es el encargado de atender a la población que no cuenta con derechohabiencia en instituciones de salud en el país, por lo que uno de los principales cuestionamientos es ¿qué pasará con este sector de la población?
Aunque aún falta que el Senado apruebe la reforma y, en su caso, sea publicada en el Diario Oficial de la Federación, la desaparición del Insabi es un tema que no solo atañe a la esfera política del país.
Al ser el Instituto de salud que tiene como beneficiarios a la población que no cuenta con seguridad social, el tema adquiere vital importancia.
De acuerdo con la reforma, los recursos del Insabi serán trasferidos al IMSS-Bienestar, por lo que los beneficiarios del Insabi tendrán acceso a los servicios de esta modalidad.
Por ello, las personas que no tengan acceso a servicios de salud podrán acudir al IMSS-Bienestar para atención médica sin costo alguno.
Desde que el Insabi entró en operaciones, el desabasto de los medicamentos fue uno de los temas que dio de qué hablar, pues debido a ello, la salud de muchos mexicanos se vio afectada.
Tras la aprobación de la Reforma en la Cámara de Diputados, el director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zoé Robledo, habló de la implementación de un nuevo proceso de compra de medicamentos.
Robledo aseguró que este nuevo mecanismo se ajusta a la realidad y necesidad de los pacientes y que ha permitido un abastecimiento histórico de 224 millones de recetas en el año 2022 en el IMSS.
En retrospectiva, el funcionario indicó que de 2019 a 2023 el IMSS ha surtido un total de 900 millones de recetas. Por ello busca replicar el modelo en el IMSS Bienestar.
Desde el inicio de la creación del Insabi se supo que fracasaría, coincidieron Jorge Fernández Menéndez y Jorge Castañeda Morales, columnistas de El Excélsior y El Economista, respectivamente.
El primero de ellos, Fernández Menéndez, aseguró que “el Insabi fue una creación de este gobierno destinada, desde el origen, al fracaso”.
Por su parte, Castañeda Morales dijo que “la desaparición del Insabi confirma lo que diversos expertos le dijeron al presidente en la transición del 2018: reemplazar el Seguro Popular sin un plan concreto y con presupuesto para ofrecer servicios de salud a la población sin derechohabiencia era un error garrafal”.
Sin embargo, a ojos de Castañeda, el pasar la responsabilidad del Insabi al IMSS es otro de los errores, pues asegura “empezará a drenar recursos”.
“Como no hay dinero porque todo se gasta en obras de infraestructura absurdas, darle estas responsabilidades al IMSS-Bienestar empezará a drenar recursos del IMSS. Esta institución que ya hace una labor heroica —atiende a la misma cantidad de gente que el NHS del Reino Unido con 10% de su presupuesto— tendrá que dirigir recursos económicos y humanos al IMSS-Bienestar lo que deteriorará aún más sus niveles de servicios como ya dejó claro el desabasto de medicamentos”, aseveró Castañeda.
Por su parte, Alejandro Sánchez Cano, columnista de El Financiero, refirió que por la fundación del Insabi, se dejaron de atender a 15 millones de pacientes del Seguro Popular. Además, se recrudeció el desabasto de medicamentos.
“El reconocimiento del gobierno federal al admitir que se dejaron de surtir 45 millones de recetas en el sector público durante este sexenio, es mea culpa, que mata cualquier argumento de los oficialistas en torno a dar una versión diferente de lo que ocurre en realidad”, expresó Sánchez Cano.
Aunado a ello, aseguró que, al finalizar su sexenio, AMLO no dejará un sistema de Salud como el de Dinamarca, como prometió. Recordó que la pandemia del Covid-19 dejó a más de 700 mil muertos en el país y responsabilizó, en parte, al Insabi.
“La pandemia por Covid -19, que dejó más de 700 mil muertos en México, ocurrió cuando el Insabi entró en operación y ello fue una de las razones que provocaron tal matazón”, aseveró.
Por ahora, el futuro de la salud pública en el país se encuentra en manos de la actual administración. Por ello, la tarea del ciudadano será velar y exigir un servicio de calidad.
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Con información de El Economista, Excélsior y El Financiero.
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