80% de personas en prisión fueron detenidas sin órdenes de captura

El Inegi reporta que 8 de cada 10 personas privadas de la libertad fueron detenidas sin órdenes de captura, de estas la mitad fue torturada.

Detenidos en la calle o su domicilio

La Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad (ENPOL) 2021 que realiza en Inegi, reporta que en México 8 de cada 10 personas detenidas por elementos de la policía o militares no contaron con orden de aprehensión en su contra, la única prueba se sustentó en supuestos testigos que las señalaron de cometer el delito. La vía pública y sus propios domicilios, fueron los principales lugares para privarlos de su libertad.

Una vez detenidos no fueron informados de los delitos que supuestamente cometieron ni les fueron leídos sus derechos. De camino a la agencia del Ministerio Público, el 60% de fueron intimidados y la mitad fueron golpeados o torturados. En el MP los maltratos prevalecieron: uno de cada dos fue incomunicado, el 30% fue golpeado y el 10% fue electrocutado. El 15% de las mujeres fueron violadas o abusadas sexualmente.

Todo esto pasó sin que la mayoría de estas personas contaran con un abogado que los representara, asesorara o defendiera. De hecho, en casi el 80% de los casos los defensores de oficio no le preguntaron si fueron golpeados y, en cambio, les pidieron que se declararan culpables para cerrar rápido los procesos.

un cuando el nuevo sistema penal cumplió ya cinco años en funcionamiento persisten las violaciones al debido proceso, los maltratos, abusos y tortura en toda la cadena que lleva a una persona a la cárcel: desde que es detenida, pasando por el Ministerio Público, hasta que tiene que enfrentar su proceso en un centro penitenciario.

En comparación con 2016, cuando aun funcionaba el viejo sistema penal, existen algunos avances como la reducción de la violencia física que alcanzó niveles superiores al 60% hace cinco años. Sin embargo, al mismo tiempo se ha profundizado la ausencia de abogados y se han documentado otro tipo de presiones como amenazas de muerte a los detenidos.

Los datos de la ENPOL muestran que al cierre del primer semestre de este año había más de 220 mil personas encarceladas en México, un incremento de casi 10 mil internos respecto a los que había en 2016, fecha de la última encuesta. El porcentaje de ingreso de personas a prisión sin sentencia ha subido y en el caso de las mujeres prácticamente la mitad está encarcelada sin que se haya probado que cometió un delito.

Estos números confirman lo reportado por Animal Político e Intersecta en el reportaje “Prisión preventiva: el arma que encarcela pobres e inocentes”, donde se documentó el crecimiento de encarcelamiento de personas sin sentencia. De hecho, de acuerdo con la ENPOL 2021, más del 40% de las personas encarceladas niegan haber cometido algún delito.

A continuación, se detallan los principales hallazgos relacionados con posibles violaciones al debido proceso, defensas inadecuadas y los maltratos documentados por la ENPOL en cada fase del procedimiento penal.

Opacidad y abusos en la investigación

La ENPOL arroja que solo el 19% de las personas en prisión fue detenida como resultado de una investigación que derivara en una orden de aprehensión. La forma más común de detención es asegurar a alguien en la calle, aunque no esté cometiendo un delito en flagrancia ni exista una orden en su contra.

Bajo este modus operandi fue detenido el 23% de las personas que, de acuerdo con el Código Nacional de Procedimientos Penales, es injustificada. En 2016 la cifra era de 20%. Por otra parte, el 19.8% de personas denuncian que la policía o los militares ingresaron a su domicilio o a una propiedad y ahí los detuvieron. Todo sin existiera una orden de arresto ni de cateo. En tanto, un 12% de los detenidos afirman que las autoridades los aseguraron luego de una revisión. El resto de las personas fueron detenidas inmediatamente después de que cometieron un presunto delito.

Solo en 1 de cada 5 casos el agente que realizó la detención se identificó y mostró su placa o credenciales, y 3 de cada 4 personas en prisión señalaron que nunca les explicaron o leyeron sus derechos cuando fueron detenidos, a muchos tampoco les explicaron por cuál delito fueron privados de su libertad.

Maltrato y tortura

El 65% de todos los detenidos sufrió algún tipo de violencia psicológica, el 48.6%, padeció de violencia física: 26.5%; asfixias o ahorcamientos con 23%; ahogamientos con 16.4%; y hasta descargas eléctricas con 12.5%.

En el caso de las mujeres se presentan de manera recurrente las agresiones sexuales. 15 de cada 100 mujeres detenidas revelaron que sufrieron de violencia sexual durante su detención y 1 de cada 20 fueron violadas.

Además de la tortura, la ausencia de una defensa legal es otra condición normalizada, aunque es un derecho del detenido. Bajo este contexto, solo 1 de cada 4 personas en prisión aseguraron que tuvieron acompañamiento de un abogado mientras estuvieron a disposición del Ministerio Público. El 86% nunca pudo hablar a solas con un defensor durante todo el tiempo que estuvieron en una agencia ministerial.

Al 51.8% de los detenidos los amenazaron e incomunicaron en la agencia del MP, el 38% los amenazaron con presentarles cargos fabricados, el 23% los amenazaron con asesinarlos, el 10% fueron torturados con toques eléctricos y el 18% los sometieron a tratos crueles con ahogamientos; todas estas agresiones sin haber un abogado presente.

El 30% de los detenidos señalan que el MP les fabricó declaraciones ministeriales que ni rindieron ni firmaron. Un 76% sí rindieron una declaración, sin embargo, tuvieron que hacerlo sin abogado que los auxiliara. En ese contexto la mitad de los detenidos terminó declarándose culpable.

Declaración de culpabilidad

El Inegi preguntó a las personas en prisión por qué se habían declarado culpables, la quinta parte señaló que lo hicieron tras haber sido agredidos o torturados por las autoridades. Más de 3 cuartas partes de los detenidos no cuentan con recursos para pagar por un defensor particular. El 25% de los reos refirieron que sí pudieron costear un abogado privado.

Si bien toda persona tiene derecho a un abogado público y gratuito, el problema es que debido a las cargas de trabajo dichos abogados de oficio hacen poco para tratar de demostrar la inocencia de sus representados en el juicio.

De hecho, el 53.8% de los reos revelaron que su defensor de oficio les pidió declararse culpables para tratar de cerrar el caso y obtener una pena reducida. Aunado a ello, en el caso de los abogados de oficio solo en el 18.4% recurre al recurso de amparo.

La cuarta parte de los encarcelados dijo que su abogado de oficio presentó pruebas durante el proceso judicial para defender su inocencia. Pese a que los abusos, maltratos, intimidaciones y tortura son frecuentes durante las detenciones o declaraciones ante el Ministerio Público, apenas un 22% de los abogados de oficio le preguntaron a sus representados si sufrieron en maltratos durante el proceso.

Con información de Animal Político.