El Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) realizó 40 grabaciones de interrogatorios realizados a testigos del caso Ayotzinapa.
40 videos de tortura
La Unidad Especial de Investigación y Litigación para el caso Ayotzinapa reveló que dentro del expediente que manejan sobre el caso de los 43 normalistas, existen 40 videos que fueron grabados por el desaparecido Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) en los que se observa a funcionarios públicos sometiendo a tortura a supuestos informantes involucrados en la desaparición de los estudiantes.
Estas grabaciones están consideradas como parte de las herramientas de las que se valieron para llevar a cabo una “manipulación masiva y sistémica” de las evidencias para construir la llamada “verdad histórica”.
Los interrogatorios se realizaron entre octubre de 2014 y enero de 2015, no tenían la intención, dice el expediente, de obtener una confesión creíble sino insertar a los testigos la versión manejada por el entonces procurador General Jesús Murillo Karam y el director de la Agencia de Investigación Criminal, Tomás Zerón de Lucio. Es decir, a punta de violencia hacerlos “repetidores de la versión”.
Además de Tomás Zerón, aparecen en los videos el jefe antisecuestros Gualberto Ramírez, funcionarios de la PGR, miembros de las fuerzas de seguridad e incluso abogados de oficio asignados a la defensa de los detenidos sometiendo a las víctimas a tratos inhumanos, dictando instrucciones u observando sin objetar.
Montajes en los escenarios del crimen
Además de las grabaciones, el expediente documenta irregularidades como escenario del crimen, fabricación de pruebas, destrucción o inutilización de evidencias, omisión de procedimientos y de líneas de investigación, indagatorias insuficientes o desestimadas, desprotección de lugares donde había elementos relevantes e intimidación de testigos.
En la carpeta se incluyen pruebas forenses, entre ellas algunas extraídas de manera ilegal por la PGR, mismas que serán usadas por la Unidad Ayotzinapa para sustentar denuncias penales por asociación delictuosa contra los ex servidores públicos por falsificar la información oficial ya que estas acciones constituyen el resultado de “una red coordinada para delinquir”.
Gracias a ex funcionarios y testigos que ha colaborado por cumplimiento del deber o bien a cambio de beneficios, los investigadores han detectado inconsistencias sobre el lugar en el que fueron halladas las bolsas que contenían supuestamente restos de estudiantes.
Tomás Zerón señaló tres sitios distintos sobre el río San Juan: uno, donde Zerón de Lucio llevó a El Chereje; dos, donde policías encontraron los supuestos restos de Alexander Mora y, tres, un bajopuente donde agentes de la PGR habrían hallado una bolsa negra. Sin embargo, en el expediente solo aparecen las coordenadas de un punto (N18 ° 13’15.2 “W099 ° 39’23.8”) que no corresponde con los otros tres.
Además se han identificado procedimientos burocráticos incoherentes realizados por el propio Zerón y sus subordinados. Es el caso de la agente del Ministerio Público, Blanca Alicia Bernal Castilla, (quien desde septiembre de 2020 se encuentra en prisión acusada de desaparición forzada, tortura y otros delitos), que llevó el caso formalmente y firmó decenas de oficios, incluidos algunos contradictorios porque los signó al mismo tiempo en lugares distintos.
Jornada de protestas
Para el séptimo aniversario de los sucesos de Ayotzinapa, familiares, amigos y alumnos llegaron a Ciudad de México para iniciar lo que llamaron la jornada nacional de protestas. Entre las actividades habrán protestas en la sede de la FGR y una reunión con el presidente Andrés Manuel López Obrador.
Con información de Milenio.
