En 2023, la violencia en México representó una carga económica de 4.9 billones de pesos, equivalente al 19.8% del PIB nacional. Este costo, descomunal en magnitud, es seis veces superior a las inversiones públicas en salud y cinco veces mayor que las asignadas a educación. La magnitud del gasto refleja la profundidad y el alcance de la violencia, subrayando la urgencia de abordar esta crisis con políticas efectivas y sostenidas.
Pérdidas económicas inmensurables
El impacto económico de la violencia en México que equivale al 19.8% del PIB nacional (25 billones de pesos), representa al 59% del Presupuesto de Egresos de la Federación para el 2023 que fue de 8.3 billones de pesos, lo que significa el total del presupuesto destinado a los siguientes rubros: 1.8 mil millones para seguridad social y salud; 1.6 mil millones para fortalecimiento energético, 9 mil millones para educación, cultura y deporte; 4 mil millones para trabajo y bienestar y 4 mil millones para infraestructura.
Supera ampliamente los gastos en salud y educación
El Índice de Paz México (IPM), desarrollado por el Instituto para la Economía y la Paz (IEP), reveló que el impacto económico de la violencia en México disminuyó por cuarto año consecutivo en 2023, cayendo un 1% o 49 mil millones de pesos con respecto al año anterior. A pesar de esta tendencia positiva, el costo total de la violencia sigue siendo alarmantemente alto, casi seis veces mayor que las inversiones públicas en salud y más de cinco veces superior a las realizadas en educación durante el mismo período.
Los homicidios representaron el 42.5% del total del impacto económico, equivalente a 2.1 billones de pesos (USD 104 mil millones), y una reducción del 5% en este impacto tendría un valor comparable al gasto del gobierno federal en transporte en 2023. A nivel individual, el impacto económico fue de 37,430 pesos por persona, más del doble del salario mensual promedio en el país.
En términos regionales, la carga de la violencia fue desigual, con estados como Morelos, Colima, Guerrero y Zacatecas experimentando un costo económico que representó cerca de la mitad de su Producto Interno Bruto (PIB). En Colima, el impacto per cápita fue el más alto, alcanzando los 112,660 pesos. Por otro lado, Yucatán registró el menor impacto económico per cápita con solo 12,407 pesos.
El estudio también señala cambios en los gastos gubernamentales relacionados con la seguridad: mientras que los costos de protección cayeron por debajo de los niveles de 2015, el gasto en el área militar vio el mayor descenso en 2023, y los delitos con violencia mostraron el mayor aumento en impacto económico. Este análisis subraya la necesidad crítica de reevaluar las estrategias de seguridad y prevención para abordar eficazmente las raíces económicas y sociales de la violencia en México.
Paz en la balanza
De acuerdo con la undécima edición del Índice de Paz México (IPM), elaborado por el Instituto para la Economía y la Paz (IEP), se revela también que el financiamiento del sistema de seguridad pública y judicial en México continúa siendo inadecuado, con un notable descenso del 41.9% en el gasto en seguridad pública y del 9.1% en el sistema judicial desde 2015.
Esta disminución ha ocurrido en un contexto donde el impacto económico de la violencia crece y se diversifica, lo que agrava la situación y limita la capacidad de respuesta institucional frente al crimen y la violencia.
El costo económico de la violencia no solo se manifiesta en términos nacionales, sino que golpea de manera desproporcionada a ciertas regiones. En estados como Morelos, Colima, Guerrero y Zacatecas, el impacto económico equivale aproximadamente a la mitad del PIB estatal. La variabilidad regional en el impacto económico enfatiza la desigualdad y la necesidad de estrategias diferenciadas según las características y necesidades locales.
La paz en México mostró una mejora del 1.4% en 2023, marcando el cuarto año consecutivo de avances tras un periodo de deterioro. Esta mejora se centró en una notable disminución en las tasas de homicidios, que cayeron un 5.3%, reflejando esfuerzos significativos y, posiblemente, cambios en las tácticas de seguridad y en la dinámica de las fuerzas del orden.
Sin embargo, el panorama es mixto a nivel estatal, con 15 estados mostrando avances en la paz y 17 reportando deterioros. Las regiones con mayores problemas, como Morelos y Chihuahua, destacan por un incremento en la violencia y en los índices de criminalidad, lo que demanda una revisión crítica de las estrategias actuales. La violencia política también ha visto un incremento alarmante, con 171 asesinatos de figuras políticas en 2023, lo que subraya los riesgos que enfrentan los actores políticos en el país.
El mantenimiento de la paz es aún más desafiante debido a la polarización política y el aumento del sentimiento partidista, lo que complica aún más los esfuerzos por restaurar la estabilidad. La creciente inseguridad y desconfianza en las instituciones políticas y de seguridad requieren de un enfoque multifacético que no solo aborde la represión del delito, sino que también fortalezca las bases para un entorno más seguro y justo.
Dinámicas de la delincuencia
Los cambios en el panorama del crimen organizado en México han sido significativos, particularmente con la disminución del mercado de drogas tradicionales y el aumento en la producción y tráfico de fentanilo. Este cambio ha reconfigurado las rutas del narcotráfico y las dinámicas de poder entre los cárteles, especialmente entre el Cártel Jalisco Nueva Generación y el Cártel de Sinaloa, que ahora dominan las disputas territoriales.
La escalada en la violencia de los cárteles ha impulsado un aumento en los homicidios relacionados con la delincuencia organizada, que representan una proporción cada vez mayor del total nacional. En 2023, se estima que seis de cada diez homicidios estaban asociados con estos crímenes, destacando la profundidad del problema y la necesidad de estrategias de seguridad más efectivas y dirigidas.
Los registros de migrantes no autorizados han alcanzado niveles récord, con casi 800,000 casos en 2023. Estos individuos son particularmente vulnerables a la explotación por parte de grupos criminales, lo que subraya la urgencia de abordar no solo la seguridad fronteriza sino también las políticas migratorias y de asilo para proteger a los más vulnerables.
Retos y respuestas
El sistema judicial y la infraestructura de seguridad pública de México requieren urgentemente una mayor inversión y reformas para enfrentar de manera eficaz la violencia y la criminalidad. Actualmente, el país tiene una de las tasas más bajas de jueces por habitante en comparación con otros países de la OCDE, lo que se traduce en una justicia lenta y, a menudo, ineficaz.
El enfoque hacia una Paz Positiva debe ser holístico, abordando no solo la represión del delito sino también fortaleciendo las instituciones y fomentando un entorno que promueva el desarrollo económico y social equitativo. El deterioro en la Paz Positiva desde 2013 demanda una revisión y fortalecimiento de los pilares fundamentales que sostienen una sociedad pacífica.
Finalmente, es imperativo que las políticas de seguridad y paz se diseñen e implementen con la participación de la comunidad y las partes interesadas, para asegurar que las medidas adoptadas sean efectivas y sostenibles. La colaboración entre el gobierno, la sociedad civil y el sector privado es crucial para desarrollar soluciones innovadoras y duraderas que permitan a México superar sus desafíos en materia de violencia y criminalidad.
