Daniel García y Reyes Alpízar fueron detenidos y torturados en el año 2002 por un homicidio que aseguran no haber cometido.
Tiempo récord en prisión preventiva oficiosa
El caso de Daniel García y Reyes Alpízar se ha convertido en un ejemplo de las irregularidades que rodean a la prisión preventiva oficiosa, pues permanecieron más de 17 años en la cárcel, el tiempo récord que alguien ha pasado en la cárcel sin tener una sentencia condenatoria en su contra. Ambos fueron acusados del homicidio de la regidora panista María de los Ángeles Tamés en 2001, crimen que aseguran no haber cometido.
Actualmente, llevan en el tobillo un brazalete electrónico que les impide salir del Estado de México y el pasado mayo un tribunal de dicha entidad dictó su sentencia definitiva: 37 años de cárcel. Sin embargo, se encuentran en espera de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sancione al país y ordene una reparación del daño.
En su proceso fueron torturados, amenazados y obligados a inculparse al firmar documentos cuyo contenido desconocían. Además, fueron detenidos sin que las autoridades contaran con una orden judicial y se les procesó con pruebas fabricadas, y varios de sus familiares fueron detenidos y amenazados también, aunque posteriormente se les liberó por falta de pruebas.
Debido a todas las irregularidades de su proceso, el caso que se presentó ante la CIDH, la cual analiza la responsabilidad internacional de México por torturas, violaciones al debido proceso y a la libertad personal y podría considerar al Estado mexicano responsable de violar los derechos humanos de García y Alpízar.
Bajo torturas y amenazas
El 25 de febrero de 2002, la Fiscalía del Estado de México detuvo a Antonio Domínguez, alcalde de Atizapán de Zaragoza, y a Daniel García, quien era su secretario por presuntamente haber planeado el asesinato de la regidora, ocurrido en septiembre de 2001, para evitar que revelara una presunta trama de corrupción. Tres años después, Antonio Domínguez quedó libre por falta de pruebas, pero Daniel García continuó en la cárcel.
A Alpízar, artesano y asesor sindical, lo involucraron como el presunto autor intelectual del homicidio luego de que el primer inculpado, Jaime Martínez, demostrara que estuvo en la cárcel al momento del crimen. Lo torturaron con patadas en las costillas, ahogamientos, descargas eléctricas, quemaduras y asfixia con bolsas de plástico hasta que firmó un documento donde acusaba a Daniel García de haberle pagado 300 mil pesos para encargar el asesinato de la regidora.
“Todos los agentes querían darme algún golpe, eran 20 o 25 (…) Lo de los bolsazos es lo más canijo, la desesperación cuando se te pega la bolsa a la cara es muy cabrona, tratas de morderla, el cuerpo se rebela, y ellos te empiezan a pegar, te pisan los pies. Oyes las risas a lo lejos. Estás aquí y estás muy lejos. (…) Llegó un punto que no pude más. Me hicieron firmar documentos que yo desconocía su contenido”, contó Alpízar en entrevista con el diario español El País.
Con información de El País
