En lo que va de la 4T, se han registrado nuevos casos de desapariciones forzadas perpetradas por elementos de seguridad y la mayoría de los casos permanece en la impunidad.
Más de 100 mil desaparecidos
Un informe publicado por el Servicio de Investigación del Congreso de EU (CRS, por sus siglas en inglés), titulado “México: atención de las personas desaparecidas y no localizadas”, revela que en el primer semestre de 2021, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) recibió nueve denuncias por desaparición forzada.
En total, de 1964 a la fecha, el país suma ya 101,300 personas desaparecidas y no localizadas, de acuerdo con cifras de la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB), y de estos, una tercera parte (32.2%) se registró en la administración del presidente López Obrador. De acuerdo con el informe, las víctimas de desaparición forzada en el país “incluso son entregadas a grupos del crimen organizado, quienes a menudo los retienen para pedir rescate, los extorsionan o los utilizan para trabajos forzados”.
Entre los casos ocurridos en el sexenio de López Obrador fue el registrado el 28 de febrero de 2019, cuando cuatro personas fueron “detenidas de forma arbitraria, sometidas a malos tratos, uso excesivo de la fuerza y ejecutadas”, por elementos de la Semar en Tlahuapan, Puebla, de acuerdo con investigaciones de la CNDH. En este caso aún no hay una sentencia contra los responsables, a pesar de que fueron presentados ante las autoridades correspondientes.
Aún hay brechas significativas
En su informe, la CRS reconoce las medidas del gobierno actual en la materia, tales como la creación de un Mecanismo Extraordinario de Información Forense y la búsqueda de ayuda internacional, con lo que ha contado con el apoyo de expertos de países como Estados Unidos, Austria y Argentina. Sin embargo, señala que “aún existen brechas significativas” y obstáculos como la falta de fondos y personal adecuado para las comisiones y los laboratorios forenses, además de un mal manejo de los cuerpos de quienes son localizados sin vida.
En este sentido, cabe apuntar que la CNB no ha recibido aumentos presupuestales significativos, por lo que su personal tiene dificultades para realizar la búsqueda de las desaparecidas, pese a que se ha reportado el hallazgo de 1,749 fosas clandestinas de diciembre de 2018 a julio de 2021, donde se localizaron 3,025 cuerpos, de los cuales, solo se ha podido identificar a 1,153 personas.
Asimismo, la CRS también cuestionó el acceso inadecuado a los análisis del ADN, la falta de información sobre los casos y la poca voluntad política para resolverlos. Dichas observaciones coinciden con las planteadas por el Comité contra las Desapariciones Forzadas de la ONU, la cual visitó el país en noviembre del año pasado y señaló que existe una “impunidad estructural” en los casos.
Con información de El Sol de México
