Entre los factores que propician una tasa tan elevada están la insuficiencia de presupuesto y la sobrecarga de trabajo de los operadores.
¿Por qué persiste la impunidad en México?
En México solo 10% de los delitos son investigados, así lo revela el informe anual Hallazgos Seguimiento y evaluación del sistema de justicia penal elaborado por la organización México Evalúa sobre la consolidación del sistema de justicia penal en México. En esta novena edición se incluye por primera vez el índice de impunidad para nueve delitos, de los cuales la desaparición forzada, extorsión, violencia familiar y homicidio doloso reportan los mayores porcentajes a nivel nacional.
Lee: Procuración de justicia, obstáculo para combate a la impunidad en México
#Hallazgos del Índice de #Impunidad Estatal por delito:
— México Evalúa (@mexevalua) October 11, 2022
▪️ Desaparición 98.9 %
▪️ Violencia familiar 97.1 %
▪️ Homicidio doloso 96.9%
▪️ Violación 96.4 %
▪️ Feminicidio 88.1 %https://t.co/sL9Cwq8qAb pic.twitter.com/KtUmyf3D0o
Entre los factores que propician que el país presente una tasa de impunidad del 91.8 % están la insuficiencia de presupuesto para las instituciones del sistema, así como a las asimetrías entre distribución y sobrecarga de trabajo de los operadores.
En cuanto al presupuesto, el aumento para el sistema de justicia penal tuvo un insignificante aumento de 0.07 % respecto a 2020 a nivel estatal. Mismo que debió dividirse en diferentes rubros: 50% para seguridad pública, 26% a fiscalías, 22% a los poderes judiciales, 2% a las defensorías y 0.43% a las comisiones de atención a víctimas.
Respecto a la sobrecarga de trabajo, en 2021 cada ministerio público llevó, en promedio, 169 carpetas de investigación a nivel nacional, mientras cada perito atendió 356 solicitudes, cada defensor público representó a 271 personas y cada asesor de víctimas a 175.
Las fiscalías carecen de organización interna
El informe sostiene que la falta de modelos de organización interna impide que se llevan a cabo procesos expeditos y con respuestas diferenciadas entre casos en los que se vulneran la vida, la libertad o la integridad personal y casos de alto volumen (o de prioridad más débil). Por lo que la reducción de los índices de impunidad en el país se torna complicada.
“El presupuesto no garantiza el éxito de una institución, pero sí lo condiciona. Sin recursos suficientes, ninguna institución de justicia podrá mejorar su capacidad de respuesta para la ciudadanía, la impunidad seguirá escalando y tendremos un Estado de derecho aún más débil”.
Edna Jaime, directora general de México Evalúa
La fallida transición de la FGR
De igual forma, la evaluación dedica un análisis a la fallida transición de la Fiscalía General de la República al demostrar que ha optado por un enfoque punitivo mediante un mayor uso de la prisión preventiva oficiosa y la militarización de la seguridad pública.
En este sentido, se resalta que 94 mil elementos de las Fuerzas Armadas forman parte de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública y que solo el 29% del personal de la Guardia Nacional cuenta con una certificación de capacidades y aptitudes para realizar funciones policiales, además de ser la institución con más quejas por presuntas violaciones a derechos humanos: 350 en 2020, 504 en 2021 y 255 con corte a junio de 2022.
El proceso de militarización de la seguridad pública pone en riesgo el funcionamiento adecuado del sistema de justicia penal.
— México Evalúa (@mexevalua) October 9, 2022
Las Fuerzas Armadas y la #GuardiaNacional acumularon, 436 y 504 quejas por violaciones a derechos humanos 2021. #Hallazgos https://t.co/g5qqCe007u pic.twitter.com/EL4GDDBwZ4
Ninguna entidad cumple las condiciones mínimas
Querétaro, Nuevo León y Coahuila encabezaron el Ranking Nacional de Avance en la Consolidación del Sistema de Justicia Penal, con mil 12, 924 y 918 puntos, respectivamente. Sin embargo, ninguna entidad cumplió con el estándar mínimo de condiciones, de mil 100 puntos, y la brecha entre entidades se amplía.
Baja California Sur, Guanajuato, Nayarit, Coahuila, Hidalgo y Morelos reinstalaron o renovaron sus instancias de coordinación, aun sin contar con apoyo federal. Situación que evidencia la necesidad de un esfuerzo decidido y conjunto desde los poderes Ejecutivo y Legislativo locales, las fiscalías generales y los poderes judiciales para avanzar en la transformación.
Con información de México Evalúa.
