Este miércoles el presidente del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), Adolfo Cuevas presentó una controversia constitucional en contra de las disposiciones en el decreto por el que se ordena que este órgano instale, opere y regule el Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil (PANAUT).
“El IFT no cuenta con los recursos para cumplir el mandato legislativo de poner en marcha el registro del PANAUT con cargo a su presupuesto. La totalidad de los recursos presupuestales aprobados por la Cámara de Diputados para el presente ejercicio fiscal 2021 están asignados a las funciones que mandata la Constitución a este órgano regulador. Para el IFT, este ordenamiento legal contraviene su autonomía presupuestal, consistente en llevar a cabo la planeación y ejercicio de los recursos que considera necesarios de forma autónoma, eficaz y oportuna en el marco de sus competencias”, es lo que se puede leer en el comunicado emitido por dicho instituto.
A mediados de abril se publicó en la gaceta oficial la regulación que da pie al Panaut, un registro de tarjetas SIM asociado a datos biométricos de los usuarios y que la autoridad defiende con la opinión de que eso reducirá delitos como la extorsión, el secuestro, entre otros.
Como ya lo había advertido, el IFT negó que tenga los recursos para poner en marcha el registro del Panaut con cargo a su presupuesto, dado que el ingreso aprobado por la Cámara de Diputados para el ejercicio fiscal 2021 está asignado a las funciones que mandata la Constitución al regulador.
La controversia también acusa que el mandato de estructurar y mantener el Panaut interfiere con las “atribuciones regulatorias y de garante de derechos humanos”, toda vez que le obliga a implementar un modelo regulatorio que condiciona el acceso a los servicios de telecomunicaciones y prevé la cancelación de líneas telefónicas móviles.
El IFT afirmó además que el padrón le requerirá la contratación de 150 funcionarios, que significarán una erogación de 150 millones de pesos a su presupuesto anual que ha sido recortado en dos ocasiones por los diputados. El presupuesto de este órgano regulador de telecomunicaciones y radiodifusión es de 1,510 millones de pesos para el ejercicio del 2021.
Este padrón se trata de un registro cuyo fin es recabar información sensible de los usuarios de telefonía e Internet móviles, para que éstos puedan mantener activas sus líneas celulares. Para su creación, el Congreso de la Unión votó a favor de una serie de modificaciones de los artículos 15, 176, 180, 190, 307 y otros cambios en los artículos transitorios de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión (LFTR), una legislación aprobada en el año 2013.
La intención de los impulsores de este padrón, legisladores del partido Morena, también pasa por crear un instrumento que colabore con las autoridades de seguridad y justicia en la persecución de delitos, y por ello se obligará a los usuarios a permitir el registro de sus datos biométricos como huellas dactilares y de reconocimiento facial e iris y otros datos oficiales como direcciones de domicilio, número telefónico y la fecha de activación de la línea. De esta manera, los titulares de las 124 millones de líneas que se estima se encontraban en operación hasta diciembre de 2020 en México, deberán registrarse obligadamente en este padrón.
