Si la reforma constitucional del presidente es aprobada, las controversias que han interpuesto ciudadanos y organizaciones civiles contra la Guardia Nacional quedarían inmediatamente sin efecto.
Procesos inconclusos
Desde el pasado 15 de junio, el presidente informó sobre su intención de presentar una reforma constitucional que integre la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) para el año 2023, una vez que sea acreditado el correcto funcionamiento de la institución, la cual acaba de cumplir dos años de su creación. En ese periodo se han acumulado seis acciones de inconstitucionalidad interpuestas en el Congreso por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y partidos de la oposición, además de diversos amparos de organizaciones civiles contra la militarización de la instancia.
En entrevista con El Sol de México, el abogado y catedrático de la UNAM, Francisco Burgoa, señaló que estos procesos quedarían invalidados en cuanto se llevara a cabo la integración de la institución al Ejército nacional:
Con las eventuales reformas que vendrían a partir de esta idea de que la Guardia Nacional pase a formar parte de la Sedena, simplemente se quedarían sin materia esos asuntos que hoy tiene la Corte”, apuntó el experto.
La militarización no ha resuelto los problemas
El PAN presentó una de las controversias constitucionales contra la Guardia Nacional, debido a que no ha solucionado el incremento de la violencia en el país, por lo que el partido solicitó que se retire a las Fuerzas Armadas de las tareas de seguridad. Asimismo, la CNDH ha interpuesto acciones jurídicas contra la Ley de la Guardia Nacional y la Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza, entre otras.
De acuerdo con lo publicado por El Sol de México, el secretario general de México Unido Contra la Delincuencia (MUCD) Francisco Torres Landa, señaló que la reforma propuesta por el presidente López Obrador “restaría fuerza a las acciones de inconstitucionalidad y amparos interpuestos ante la Corte”.
Con información de El Sol de México
