En lo que va de la presente administración los registros de asesinatos contra periodistas y feminicidios han roto récords.
De 2000 a la fecha, ARTICLE 19 ha documentado 153 asesinatos de periodistas en México. De estos, 141 son hombres y 12 son mujeres. Mientras que 47 se registraron durante el mandato del expresidente Enrique Peña Nieto y 33 en lo que va del gobierno de Andrés Manuel López Obrador.
Veracruz es uno de los estados donde más atentados se han registrado contra periodistas. El sexenio de Javier Duarte fue el más letal con 18 asesinatos contra miembros de este gremio, y a la fecha suman 31 comunicadores ultimados en la entidad.
Durante los primeros cuatro meses del 2022 han ocurrido 11 casos de periodistas asesinados en todo el país. Los más recientes fueron Yesenia Mollinedo y Sheila Johana García, directora y reportera respectivamente, en el portal El Veraz de Veracruz.
De los 11 crímenes, el 90.9% (10) se registraron en estados gobernados por Morena, partido fundado por AMLO. Uno, el de Heber López, sucedió en Oaxaca, estado gobernado por el PRI.
La respuesta del presidente ante la emergencia ha sido de compromiso con la justicia y la no impunidad, sin embargo, rechaza que las causas sean por alguna estrategia fallida de su gobierno sino a razón de las omisiones de las anteriores administraciones. Constantemente afirma que en su mandato no se persigue o censura a comunicadores “como en otros tiempos”, por el contrario, se respeta la libertad de expresión.
“Se tienen que conocer los antecedentes y se debe tener un contexto de lo que está sucediendo. La diferencia de estos lamentables casos con los de antes, es que los periodistas asesinados ahora, casi todos, han sido víctimas de las organizaciones criminales que se heredaron de una política fallida que inició desde los años 80 y que se mantuvo por 36 años del periodo neoliberal”.
AMLO, conferencia matutina del jueves 10 de marzo de 2022.
Lee: En México 90% de los asesinatos de periodistas quedan impunes
El caso del feminicidio de Debanhi Escobar cimbró a todo el país porque puso de manifiesto la incapacidad de los gobiernos en los diferentes niveles para evitar la desaparición de mujeres, llevar a cabo una búsqueda eficiente o bien, realizar una investigación que garantice acceso a la justicia.
Consulta: Nuevos videos y testimonios en el caso Debanhi
Este caso lamentablemente no es la excepción, sino la regla en un país en el que cada día desaparecen 6 mujeres y 10 más son asesinadas. Donde las familias no cuentan con las autoridades para encontrar a sus desaparecidas o dar con los responsables de la muerte de sus hijas, hermanas, madres, tías, etc.
“El impacto de cada feminicidio es terrible en las familias de las víctimas, quienes, en su búsqueda del acceso a la verdad, justicia y reparación del daño, padecen además la revictimización de las autoridades. Por ello, seguimos insistiendo en que el tema de la violencia contra las mujeres ocupe un lugar prioritario en la agenda del gobierno federal y de los gobiernos locales”.
Edith Olivares Ferreto, Directora Ejecutiva de Amnistía Internacional México.
La palabra “feminicidio” se comenzó a utilizar en los años 90 ante la ola de violencia contra mujeres en Ciudad Juárez. No obstante, el término pasó a formar parte del marco legal hasta 2012 cuando se añadió al Código Penal Federal.
El avance para reconocer estos crímenes en razón de género es lento. De hecho, para que un asesinato contra una mujer sea investigado como feminicidio debe cumplir siete causales: que haya signos de violencia sexual, antecedentes de violencia, una relación entre la víctima y el victimario, lesiones o mutilaciones, amenazas o agresiones previas al asesinato, incomunicación de la víctima o que el cuerpo haya sido exhibido en un lugar público.
El problema no ha cedido, al contrario, se agrava. Entre 2015 y 2022 la tasa de feminicidios en México ha aumentado un 121%.
Para marzo de 2022 se registró solo un 34.8% de feminicidios menos que durante agosto de 2021, mes con la cifra más alta registrada durante el mandato de López Obrador (107 feminicidios).
A pesar de la movilización de feministas y asociaciones a favor de los derechos de las mujeres para exigir acciones contundentes para garantizar una vida libre de violencia, el presidente se ha tomado esta demanda como una afrenta hacia su persona, producto del neoliberalismo y una táctica de sus opositores para golpear a su gobierno, y no como un problema legítimo.
En 2020, el propio fiscal general, Alejandro Gertz Manero, llegó a sugerir la eliminación del tipo penal de feminicidio para investigarlo como homicidio agravado porque complicaba “inútilmente la judicialización”.
Con información de Artículo 19, Infobae, Los Periodistas, France 24.
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