Ley Ingrid: hasta 10 años de cárcel a quien publique fotos de víctimas

La Cámara de Diputados aprobó la Ley Ingrid, que castigará con multas y hasta prisión a los servidores públicos que filtren fotografías o videos de las víctimas de algún hecho delictivo.

Buscan erradicar la revictimización

Este miércoles, la Cámara de Diputados aprobó por unanimidad, con 470 votos a favor, la llamada Ley Ingrid, que reforma el artículo 225 del Código Penal Federal para imponer sanciones a los servidores públicos que fotografíen, copien, filmen, audiograben, videograben, reproduzcan, difundan, entreguen, revelen, remitan, compartan, distribuyan, publiquen, transmitan, expongan, oferten, intercambien o comercialicen, imagen, audio, video, documento, información, indicio, evidencia u objeto alguno relacionado con una investigación penal, las condiciones personales de una víctima o las circunstancias de hecho.

Quienes incumplan esta ley, se harán acreedores al pago de 100 a 150 días de multa, o penas de cuatro hasta 10 años de prisión. Estas sanciones incrementarán en al caso de que el material difundido sea de mujeres, niñas, niños, adolescentes o personas con discapacidad. De acuerdo con los legisladores, la aprobación de esta ley contribuirá a erradicar la violencia contra la mujer.

Caso Ingrid Escamilla

La Ley Ingrid fue nombrada así por el caso de Ingrid Escamilla, víctima de feminicidio, quien fue asesinada por su pareja, Erick Francisco “N”, y luego revictimizada por las autoridades que filtraron las fotografías de su cuerpo desollado para que pudieran ser publicadas en las portadas de algunos periódicos, las cuales posteriormente fueron difundidas en las redes sociales.

La filtración de las imágenes estuvo a cargo del agente de la Secretaría de Seguridad Ciudadana Benjamín Rubén T. J., quien fue una de las primeras personas en llegar a la escena del crimen, en el quinto piso de un edificio de la calle Tamagno, en la colonia Vallejo, alcaldía Gustavo A. Madero, quien fue vinculado a proceso, acusado del delito de “ejercicio ilegal del servicio público” tras difundir la información.