En sesión remota de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), la Primera Sala resolvió que el cumplimiento de las medidas y acciones urgentes, emitidas por el Comité contra la Desaparición Forzada de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), es obligatorio para las autoridades del Estado mexicano, en sus distintas competencias. Además, dicho cumplimiento debe ser supervisado judicial y constitucionalmente.
Esta determinación, anunciada el pasado 17 de junio, sucede luego de la revisión de un juicio de amparo en el que una madre, por su propio derecho y en representación de su hijo víctima de desaparición forzada desde el 2013, reclamó de diversas autoridades del Estado de Veracruz: la omisión de implementar, coordinar y efectuar una investigación diligente, exhaustiva, imparcial y seria para lograr la localización de su hijo; la omisión de realizar las diligencias para la persecución del delito de desaparición, así como para dar con los responsables; la negativa de proporcionar copias y acceso a las averiguaciones previas, y la omisión de implementar las medidas y acciones urgentes emitidas respecto a este caso por el Comité contra la Desaparición Forzada de las Naciones Unidas.
El Juzgado de Distrito que conoció del asunto negó la vinculatoriedad de las medidas y acciones urgentes del Comité referido y sobreseyó el amparo en contra de las autoridades señaladas como responsables, quienes negaron los actos que les fueron atribuidos, con la salvedad del Fiscal Auxiliar de la Fiscalía Regional Zona Centro Veracruz, encargado de las Agencias 1ª y 8ª del Ministerio Público Investigador, contra quien concedió la protección federal para que proporcionara las copias solicitadas de la averiguación, explicó la SCJN.
Además, para que ordenara las diligencias necesarias con el objeto de esclarecer los hechos e identificar a los responsables, ajustara su actuación a los estándares sobre la investigación y la concluyera eficazmente hasta dar con el paradero de la víctima. Inconforme, la madre presentó un recurso de revisión.
Al resolver el recurso, la Primera Sala revocó el sobreseimiento decretado en relación con los actos reclamados al Fiscal General del Estado de Veracruz, a la Fiscalía Especializada para la Atención de Denuncias por Personas Desaparecidas, Zona Centro Veracruz y al Titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Denuncias por Personas Desaparecidas.
Asimismo, confirmó el amparo concedido, ampliando sus efectos para vincular a las autoridades mencionadas al cumplimiento de las labores de investigación, esclarecimiento de los hechos y localización de la persona desaparecida, así como para permitir y propiciar la participación de la madre afectada en la búsqueda y localización de su hijo.
Lo anterior, al estimar que el derecho a la búsqueda y sus resultados integran el núcleo esencial del derecho a no padecer desaparición forzada y dotan de contenido y sustancia a los deberes de prevenir, investigar y reparar las violaciones de derechos humanos y sus correlativos derechos a la verdad, la justicia y la reparación.
Asimismo, la Primera Sala decidió conceder el amparo para ordenar a las autoridades responsables que acaten, en sus términos, las medidas y acciones urgentes emitidas por el Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU.
Ello, toda vez que dicho Comité es el órgano autorizado para interpretar la Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas, con el propósito de solicitar a un Estado parte —como lo es el nuestro—, que tome las medidas necesarias para el hallazgo oportuno de una persona desaparecida a fin de garantizar su derecho a ser buscado.
La Acción Urgente es un mecanismo humanitario previsto en la Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas de la ONU, de la que México forma parte, que consiste en peticiones de información al Estado de manera inmediata para conocer qué se ha hecho en la búsqueda de la persona o personas desaparecidas.
Para obtenerlas, los familiares de la víctima o sus representantes deben hacer una solicitud al Comité contra la Desaparición Forzada de Naciones Unidas, el órgano de expertos independientes encargado de vigilar el cumplimiento de la Convención y otorgar estas Acciones Urgentes. Este mismo Comité dará seguimiento de manera periódica al avance en la investigación de los casos hasta que las autoridades correspondientes localicen a la persona desaparecida.
