Fabricantes de armas de EUA piden que se deseche la demanda del gobierno mexicano en su contra ya que el caso no tiene sustento en Estados Unidos y no hay evidencia de su responsabilidad en la compra y el uso ilícito de sus productos.
México quiere “imponer” sus políticas de control de armas
Los distribuidores y fabricantes de armas de EUA piden que se deseche la demanda que interpuso el gobierno mexicano en su contra en agosto por la influencia de sus prácticas comerciales en el tráfico de armas ilegales que llegan a territorio mexicano para ser utilizadas por miembros del crimen organizado. Los demandados señalan que no hay fundamento que prueben que ellos están participando en actividades ilícitas, y alegan que hay un “choque de valores” en las acusaciones, por lo que México estaría buscando “imponer” sus políticas de control de armas, con lo que se violaría el derecho constitucional estadounidense de tener y portar armas en aquel país.
Según la demanda de México a once empresas que se dedican a la fabricación o distribución de armas de fuego ante el Tribunal Distrital de Estados Unidos en Massachusetts, los fabricantes facilitan su venta ilegal en nuestro país. Ante ello, el gobierno mexicano busca obtener reparaciones económicas por los daños ocasionados, además de que estas empresas se comprometan a frenar el flujo ilícito de armas y asuman una mayor responsabilidad en la venta y promoción comercial de sus productos.
Buscan a quién culpar, alegan fabricantes de armas
Las empresas demandadas presentaron las primeras respuestas formales al Tribunal, donde expusieron las razones para pedir que se deseche el caso. Señalaron que “México presentó esta demanda buscando culpar”, ya que ha sido incapaz “de controlar la violencia de los cárteles dentro de sus propias fronteras”. Asimismo, aseguran que el gobierno mexicano no ha presentado evidencias que demuestren la responsabilidad directa de las empresas en la compra ilegal y el uso ilícito de sus productos por terceros, además de que, de acuerdo con lo estipulado en las leyes estadunidenses, el caso no tiene ningún sustento.
En este sentido, los fabricantes y distribuidores de armas aseguran que los demandados “son miembros de la comunidad empresarial en Estados Unidos que acatan la ley” y que en la demanda no se señala que de alguna manera ellos vendan sus armas de fuego a los cárteles o que sean intermediarios, por lo que “no se puede responsabilizar a los demandados por la acción independiente de algún tercero”.
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Con información de La Jornada
